La canasta básica del jubilado supera el millón y medio mientras la mínima cubre el 25%
La situación actual no es solo un indicador de pobreza, sino una deuda social pendiente que pone en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger a quienes dedicaron su vida al trabajo productivo.
El último informe de la Defensoría de la Tercera Edad ha encendido una luz de alarma sobre la crítica situación económica de los adultos mayores en el país, revelando una brecha que no solo es económica, sino profundamente social y humanitaria.
La Canasta Básica del Jubilado escaló a $1.514.074, marcando un incremento del 26,12% en el último semestre. Esta cifra contrasta brutalmente con la jubilación mínima, que, incluso con el bono de septiembre, apenas alcanzó los $390.214, cubriendo menos de una cuarta parte (aproximadamente el 25,7%) del costo de vida esencial.
Desglose de la Vulnerabilidad: Los Costos Ineludibles
El análisis de la Canasta Básica evidencia que el grueso de los gastos son innegociables y vitales, desmintiendo cualquier noción de gastos superfluos. Los medicamentos lideran el desembolso con un 27% del total ($402.880), seguidos de cerca por los alimentos (23% o $348.000) y la vivienda (19% o $294.000). El cálculo, basado en centros urbanos principales, subraya una realidad de precariedad y miseria que se profundiza en un contexto de inflación persistente y congelamiento de ingresos.
Esta disparidad no es exclusiva de los jubilados de la mínima; afecta de igual manera a los beneficiarios de la PUAM y a quienes perciben pensiones no contributivas, cuyos ingresos se encuentran aún más rezagados.
El Impacto de la Política: Un Veto con Consecuencias Billonarias
El problema de la brecha estructural se ve drásticamente magnificado por las decisiones políticas recientes, particularmente el veto presidencial a la ley de aumento de jubilaciones y bonos. Este acto no es un simple tecnicismo, sino una medida con un impacto fiscal y social demoledor.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) cuantifica la pérdida: se estima que el veto implica una detracción de $468 mil millones mensuales en los ingresos de los jubilados, proyectándose una pérdida de $5,6 billones en el transcurso de un año para más de 6 millones de beneficiarios. Esta pérdida surge de la no actualización del bono y de la omisión de la recomposición pendiente del 7,2% por la inflación de enero de 2024.
Desde una perspectiva crítica, el veto no solo condena a los adultos mayores a un nivel de vida por debajo de la línea de pobreza, sino que también representa una contradicción económica. Al recortar drásticamente el poder adquisitivo de un sector tan numeroso, se afecta directamente el consumo y, por extensión, se ralentiza la actividad económica general. La supuesta austeridad fiscal se logra a costa de la salud financiera y moral de la población más vulnerable, generando un pasivo social inaceptable.
La Deuda Pendiente: Hacia una Canasta de Referencia Objetiva
Los especialistas coinciden en que la solución estructural pasa por dos ejes fundamentales. En primer lugar, es imperativo definir y establecer una canasta básica de referencia específica para jubilados , que refleje sus necesidades reales, especialmente en materia de salud. En segundo lugar, se requiere la aplicación de criterios objetivos y automáticos en la actualización de haberes que garanticen que las jubilaciones no sigan perdiendo la carrera contra la inflación.
La urgencia de la Defensoría y los análisis económicos señalan un mismo punto: sin una corrección inmediata en la política previsional, el sector de la tercera edad continuará hundiéndose en una crisis de subsistencia que amenaza con convertirse en una catástrofe humanitaria silenciosa.
