La Cámara Federal ordena verificar el origen de los audios y reabre el debate sobre la causa ANDIS
La resolución marca un giro en el expediente y evidencia la preocupación del tribunal por evitar que una investigación de alto impacto institucional se apoye en elementos cuya validez aún no está asegurada.
La Sala II de la Cámara Federal porteña revocó la decisión que había rechazado el planteo de nulidad presentado por las defensas de los hermanos Kovalivker y del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
El fallo obliga ahora a profundizar la investigación sobre el origen y la autenticidad de los audios que dieron inicio al expediente, cuya procedencia sigue sin estar esclarecida.
La resolución fue adoptada por mayoría de los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun. Ambos magistrados remarcaron que la causa nació sin certezas sobre el material que la motivó y que, en ese contexto, no resulta posible convalidar la decisión de primera instancia. Subrayaron que la Justicia no puede presuponer, sin un respaldo probatorio mínimo, que se trata de grabaciones realizadas por un particular y válidas para iniciar una investigación. Para ellos, esa ausencia de verificación convierte en impropio cualquier análisis posterior sobre su admisibilidad.
El camarista Eduardo Farah votó en disidencia y consideró que debía confirmarse lo decidido originalmente, criterio que no prosperó frente a la mayoría.
El fallo ordena al juez Sebastián Casanello identificar de manera precisa el origen de las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, determinar su autenticidad y resolver las dudas planteadas antes de volver a pronunciarse sobre la nulidad. La Cámara puso el foco en la necesidad de despejar cualquier incertidumbre sobre audios difundidos por medios periodísticos, base sobre la que se construyó la denuncia que dio impulso al expediente.
Las defensas sostienen que los audios podrían ser falsos, adulterados o incluso generados mediante inteligencia artificial, y remarcan que fueron incorporados sin cadena de custodia ni peritajes técnicos. También alegan una violación al derecho a la intimidad del ex funcionario. Por su parte, la querella de Poder Ciudadano había solicitado mantener el rechazo a la nulidad, mientras que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Franco Picardi, señaló que los audios funcionaron como un punto de partida del caso, pero no les otorgó valor probatorio autónomo.
La decisión de la Cámara no cierra la causa, pero sí obliga a suspender cualquier avance relevante hasta que se acredite la autenticidad del material.
El nuevo escenario deja en claro que el proceso deberá reconstruirse sobre bases probatorias verificables, en un contexto en el que la posible manipulación de audios y la proliferación de tecnologías capaces de alterar voces vuelven imprescindible un examen exhaustivo.
