Juicio por YPF: el Gobierno busca frenar el avance judicial sobre activos y posibles embargos
La medida apunta a limitar la búsqueda de activos embargables y a frenar lo que el Ejecutivo considera un uso abusivo del procedimiento judicial.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de defensa en el litigio por la expropiación de YPF al solicitar formalmente a la jueza estadounidense Loretta Preska la suspensión del proceso de discovery y del pedido de desacato impulsado por los demandantes.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación sostienen que la dinámica del proceso se desvió de su objetivo original y pasó a operar como un mecanismo de presión política y financiera sobre el Estado argentino.
En la presentación elevada al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Gobierno advirtió que los requerimientos de información formulados por los beneficiarios del fallo son “intrusivos y desproporcionados” y afectan directamente la soberanía nacional, además de tener impacto en el vínculo bilateral con Estados Unidos.
El discovery es la instancia que habilita a los demandantes a solicitar información para identificar bienes susceptibles de embargo con el fin de ejecutar la sentencia. Sin embargo, la estrategia oficial plantea que la Argentina ha cumplido de manera sostenida con todas las órdenes judiciales desde el inicio de la actual administración, a diferencia de períodos anteriores en los que el país fue declarado en desacato en reiteradas oportunidades.
Según remarcaron fuentes oficiales, el Estado argentino realizó un esfuerzo inédito en la entrega de documentación considerada razonablemente relevante, con un volumen de información que no tiene antecedentes en este tipo de procesos. Aun así, aseguran que los demandantes respondieron elevando el nivel de exigencia hacia pedidos cada vez más amplios, costosos y ajenos al objeto central del litigio.
Uno de los puntos que encendió las alarmas del Gobierno fue el reclamo de información sobre la localización de las reservas de oro del Banco Central. Desde la Procuración subrayaron que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y se encuentran protegidos por la inmunidad de ejecución, lo que los vuelve legalmente inembargables. En ese sentido, calificaron el pedido como improcedente y carente de sustento jurídico.
El planteo oficial sostiene que el discovery dejó de ser una herramienta procesal legítima y se transformó en un instrumento de hostigamiento que busca condicionar el funcionamiento normal del Estado. Incluso, desde el Ejecutivo señalaron que los demandantes expresaron de manera explícita su intención de obstaculizar la recuperación económica del país, una actitud que consideraron inadmisible tanto desde el punto de vista legal como ético.
