Jorge Macri impulsa Fondos de Cese Laboral: un giro hacia la reducción de indemnizaciones en la Ciudad
La resolución marca un paso concreto hacia un cambio estructural en la legislación laboral porteña, pero también plantea un desafío crítico: equilibrar la modernización del empleo con la garantía de derechos adquiridos, evitando que la innovación administrativa se traduzca en precarización laboral.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, oficializó la creación de Fondos de Cese Laboral en la Ciudad de Buenos Aires, un mecanismo que busca reemplazar progresivamente las indemnizaciones tradicionales y se alinea con la agenda de reformas laborales del oficialismo nacional.
La resolución Nº 1012/25, publicada en el Boletín Oficial, habilita a sindicatos y empresas a negociar estos fondos bajo supervisión estatal, con el objetivo declarado de “fortalecer la previsibilidad en las relaciones laborales y promover un marco moderno de negociación colectiva”.
El esquema propone que los fondos se constituyan mediante fideicomisos, seguros o cuentas individuales, inembargables y auditados, con información mensual disponible para los trabajadores. Desde el Gobierno porteño, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, defendió la medida como una herramienta para modernizar el mercado laboral y generar más empleo formal, mientras que el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, destacó la necesidad de consenso tripartito entre empresarios, trabajadores y Estado.
Sin embargo, la iniciativa abre interrogantes sobre el alcance real de los derechos laborales y la seguridad económica de los trabajadores. Aunque se promete supervisión estatal y garantías básicas, el reemplazo del régimen indemnizatorio —históricamente un colchón frente a despidos— podría transferir riesgos financieros hacia los empleados, especialmente en sectores con menor capacidad de ahorro o negociación.
El esquema se aplicaría mediante convenios colectivos de empresa, lo que deja abierta la posibilidad de grandes desigualdades según la fuerza negociadora de cada sector. En este contexto, especialistas advierten que la medida puede beneficiar principalmente a las empresas, al reducir litigios y costos previsibles, mientras que los trabajadores podrían ver debilitada su protección frente a despidos injustificados.
