Javier Milei reactiva su mesa política para ordenar apoyos y destrabar la Reforma Laboral en el Congreso
La reactivación de la Mesa Política aparece como un intento del Ejecutivo de ordenar su frente interno, recomponer alianzas y evitar que la Reforma Laboral se convierta en un nuevo foco de desgaste político en un Congreso fragmentado y con mayor capacidad de bloqueo que en los primeros meses de gestión.
El presidente Javier Milei volvió a poner en marcha este viernes su Mesa Política con un objetivo central: definir la estrategia parlamentaria y política que le permita avanzar con la Reforma Laboral, uno de los proyectos más sensibles y resistidos de la agenda oficial para el inicio del año legislativo.
La reunión, que se desarrolla desde las 10 de la mañana en Casa Rosada, marca el primer encuentro del año del núcleo duro del oficialismo y busca capitalizar el envión obtenido tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos logros legislativos que el Gobierno exhibe como señales de gobernabilidad luego de los fuertes traspiés sufridos en el Congreso durante el segundo semestre de 2025.
Del cónclave participan figuras clave del armado libertario y del oficialismo ampliado, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo, principal estratega político y comunicacional del Presidente; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el operador territorial Eduardo “Lule” Menem. La ausencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no pasó desapercibida en un ámbito donde su influencia suele ser determinante.
Más allá del diseño discursivo y del cronograma legislativo, la discusión de fondo gira en torno al contenido del proyecto. Dentro del oficialismo conviven posturas divergentes: mientras un sector considera necesario introducir modificaciones para ampliar la base de apoyos, otro rechaza cualquier concesión que pueda diluir el espíritu original de la reforma. A esta tensión interna se suma el complejo vínculo con los gobernadores, varios de los cuales cuestionan el impacto del capítulo tributario y reclaman compensaciones fiscales a cambio de acompañar la iniciativa.
En paralelo, el Gobierno administra una agenda legislativa cargada. Además de la reforma laboral, siguen pendientes la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, esta última con altas probabilidades de ser postergada para el período ordinario del Congreso que comenzará el 1° de marzo.
