Investigación en Guatemala: “La minera que le pagó es del presunto narco”

¿Puede un diputado nacional y candidato a legislador seguir sosteniendo que fue “ingenuo” cuando aceptó dinero de una empresa que en otro país ya era señalada públicamente como propiedad de un presunto narco? Las revelaciones desde Guatemala parecen corroer el último resquicio de su defensa y transforman un argumento de inocencia en un problema de legitimidad política.

El escándalo que rodea a José Luis Espert sumó en las últimas horas un dato que agrava su situación y golpea de lleno la credibilidad de su descargo. Viejas publicaciones de Guatemala, tanto de un medio de investigación como del propio Ministerio Público de ese país, confirman que la empresa «Minas del Pueblo S.A.» —la misma que giró 200.000 dólares al diputado libertario— pertenece directamente a Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

El dato, que había pasado inadvertido en la Argentina, fue difundido en 2020 por la cuenta del medio CMI-Guatemala (@cmiguate), especializado en el mapeo de redes de poder. En un tuit fechado en mayo de ese año, se señala sin ambigüedad: “Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos incluyendo narcotráfico”.

La información se ve reforzada por una publicación oficial del Ministerio Público guatemalteco de abril de 2021, que en el marco de una investigación comunicó el hallazgo de una pista de aterrizaje y una aeronave bajo pesquisa, vinculadas precisamente a la firma minera.

Estos antecedentes demolieron el principal argumento de Espert, quien en un video había intentado separar la empresa del empresario acusado, presentando el pago como un contrato de consultoría profesional, independiente de Machado. Según su versión, el dinero no provenía del presunto narco, sino de una sociedad que requería su asesoramiento económico. Sin embargo, los registros guatemaltecos establecen que la empresa y Machado son una misma cosa.

El impacto político es evidente: no se trata ya de una interpretación o de una operación mediática, como insiste en señalar Espert, sino de documentos públicos que contradicen su defensa. Además, el hecho de que la minera esté asociada a una pista de aterrizaje y una aeronave investigadas por la justicia de Guatemala multiplica las sospechas sobre la naturaleza de sus actividades, dejando al descubierto que el candidato no solo mantuvo vínculos con Machado, sino que recibió un pago directo de una empresa bajo la lupa de las autoridades por posibles delitos vinculados al narcotráfico.