Investigación al SPF: sospechas de cartelización, alimentos contaminados y posibles filtraciones en el penal de Ezeiza
La causa, a cargo del juez federal Federico Villena, sugiere que el problema no se limita a fallas administrativas aisladas, sino a un esquema de cartelización diseñado para sostener proveedores sin capacidad ni antecedentes en el rubro alimentario.
El allanamiento a las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, expone un entramado que va más allá de la mala calidad de los alimentos en el penal de Ezeiza y apunta a presuntas prácticas sistemáticas de corrupción en la contratación pública.
La investigación judicial detectó raciones deficientes, licitaciones irregulares y vínculos opacos entre empresas que, formalmente, competían entre sí. El caso de Bio Limp —firma adjudicataria sin experiencia previa— aparece como central: según el expediente, funcionaría como una “pantalla” de Foodrush, compañía previamente sancionada por entregar comida contaminada con niveles peligrosos de Escherichia coli.
El uso compartido de camiones, personal y facturación cruzada por cifras millonarias refuerza la hipótesis de una simulación de competencia para eludir controles.
El episodio del teléfono móvil entregado por Martínez durante el allanamiento profundiza las sospechas. La supuesta pérdida de su dispositivo habitual horas antes del operativo, sumada a la detección de actividad reciente en antenas cercanas, alimenta la posibilidad de una filtración interna que habría permitido anticipar la medida judicial.
De confirmarse, este dato abriría una línea de investigación paralela sobre responsabilidades dentro del propio Estado.
La gravedad institucional se ve amplificada por el impacto directo en la población carcelaria. La constatación personal del juez Villena sobre el estado de los alimentos —calificados como inaptos para el consumo— expone un incumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos y de las obligaciones del Estado como garante de la integridad de las personas privadas de libertad.
Finalmente, la aparición de un vehículo utilizado por el director del SPF a nombre de un prófugo vinculado a circuitos de informalidad y contrabando agrega un componente político y judicial sensible. Pese a intentos de frenar el expediente, la causa avanza con respaldo del Ministerio de Seguridad, lo que sugiere que el caso podría convertirse en un test clave sobre la capacidad del sistema para desarticular redes de corrupción en áreas críticas de la administración penitenciaria.
