Intendentes de todo el país advierten sobre una “catástrofe social” y exigen a Milei un giro económico
En un comunicado de fuerte tono político, los jefes comunales denunciaron que la Argentina atraviesa una “catástrofe de enorme gravedad económica y social” y señalaron que el ajuste aplicado por la Casa Rosada está debilitando el federalismo y comprometiendo la subsistencia de millones de ciudadanos.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 intendentes de todo el país, lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei al reclamar un cambio urgente en el rumbo económico del Gobierno.
El planteo de la FAM pone de relieve una tensión que trasciende lo coyuntural: los intendentes sostienen que las políticas de Milei concentran beneficios en sectores financieros y corporativos, mientras que los costos recaen sobre jubilados, trabajadores y familias de ingresos bajos y medios. Con cifras en mano, advirtieron que el Presupuesto 2026 proyecta transferencias a provincias y municipios un 36,7% menores en términos reales respecto de este año, lo que profundizaría la crisis en la gestión local.
La advertencia de los intendentes se inscribe en un escenario de creciente malestar por el recorte de fondos a la educación, la salud y la obra pública, factores que impactan de manera directa en las economías regionales y en la capacidad de los municipios para sostener servicios básicos. La FAM también rechazó los ajustes en las universidades y en el Hospital Garrahan, al tiempo que acusó al Ejecutivo de consolidar un “modelo injusto que multiplica desigualdades”.
Más allá de la denuncia económica, los intendentes agregaron un componente político al señalar que la democracia no puede ser plena con la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner, lo que muestra la convergencia entre la crítica a la política fiscal y el posicionamiento partidario frente al Gobierno.
El reclamo de los jefes comunales, encabezados por el matancero Fernando Espinoza, revela que el conflicto con Milei ya no se limita a gobernadores o sindicatos, sino que alcanza a la primera línea del territorio: los intendentes, quienes administran el contacto más directo con las demandas sociales.
En este marco, la presión por un cambio de rumbo no solo expresa una disputa de recursos, sino también una señal de alerta sobre los riesgos de gobernabilidad en un país donde las tensiones económicas comienzan a desbordar en lo político e institucional.
