Imputaron a un joven productor rural por explotación laboral de 45 trabajadores
Trata de personas y explotación, un escándalo en Santa Fe que desnuda la vulnerabilidad laboral, El caso de Arroyo Leyes obliga a mirar más allá de las estadísticas de producción, enfrentar el lado oscuro de una economía que aún tolera la esclavitud.
La Justicia santafesina imputó y ordenó prisión preventiva a un joven empresario de 25 años por algunas personas a 45 personas, incluyendo dos menores, a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas. Este caso expone una realidad alarmante que, en el contexto de un debate por la flexibilización laboral, genera profunda preocupación.
Santa Fé. El reciente escándalo de explotación laboral en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, a 23 kilómetros de la capital santafesina, no es un mero suceso policial, sino un espejo de las fallas estructurales y la impunidad que persisten en ciertos sectores del campo argentino. La Justicia de Santa Fe imputó y dictó prisión preventiva al joven productor FP (25), acusado de reducción a la servidumbre y trata de personas, un delito que va mucho más allá de una simple infracción laboral.
Los hechos que constató el Ministerio Público de la Acusación son de una crueldad inadmisible: 45 trabajadores, la mayoría migrantes vulnerables provenientes de Chaco, vivían en condiciones infrahumanas . Habitaban casillas de chapa con piso de tierra, sin acceso a agua potable ni baños , y se veían obligados a trabajar en jornadas extenuantes, incluso cosechando en la oscuridad con linternas. Dos de las víctimas eran menores de edad , un agravante que subraya la gravedad de la explotación.
La detención e imputación de este joven productor, un representante de la generación que debería liderar la modernización del sector, plantea interrogantes incómodos: ¿Cómo es posible que estos niveles de precariedad se mantengan bajo las leyes y controles actuales?
En un momento en que el Gobierno nacional impulsa una polémica reforma laboral que busca flexibilizar normativas y reducir la capacidad de control, este caso resulta como una advertencia. La impunidad con la que operan estos esquemas de servidumbre sugiere que, lejos de ser un hecho aislado, la explotación es una práctica persistente.
Si con las regulaciones vigentes estos actos miserables siguen ocurriendo, la aprobación de una reforma que debilita aún más los derechos de los trabajadores solo puede augurar una normalización de la precarización y, peor aún, de la trata de personas en el ámbito rural.
La prisión preventiva de FP es un paso necesario, pero la sociedad exige que la investigación no se detenga en un solo chivo expiatorio. Es fundamental desmantelar toda la red que permite la operación de estos campos de concentración modernos y garantizar que la rentabilidad del sector agropecuario nunca se construya sobre la base de la dignidad humana pisoteada .
