Impulsan ley de indemnización y estabilidad para empleados de larga trayectoria
La iniciativa no solo pretende establecer por ley la indemnización ante despidos sin causa, sino que apunta a garantizar la estabilidad de aquellos empleados que llevan más de una década de trabajo ininterrumpido bajo modalidades de contratación transitoria o precaria.
En un contexto de profunda tensión laboral generada por la ola de despidos masivos en el sector público iniciada en diciembre de dos mil veintitrés , el diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Empleo Público (N.º veinticinco mil ciento sesenta y cuatro ).
El proyecto es una respuesta directa y crítica a la histórica práctica del Estado de utilizar contratos temporales para encubrir funciones permanentes, un esquema de precarización estructural que fue aprovechado para realizar desvinculaciones sin el reconocimiento de derechos básicos.
Valdés advirtió que es insostenible que el Estado exija indemnizaciones al sector privado mientras despide a trabajadores con hasta veintiocho años de antigüedad sin reconocerles «ningún derecho».
La Corte Suprema como fundamento legal
El corazón analítico de la propuesta reside en su solidez jurídica: el proyecto se sustenta explícitamente en la línea reiterada de fallos de la Corte Suprema de Justicia que han declarado inconstitucional el uso abusivo de la contratación temporal para eludir el principio de protección contra el despido arbitrario (artículos catorce bis y dieciséis de la Constitución Nacional). En esencia, el Poder Legislativo busca plasmar en la ley lo que el Poder Judicial ya ha dictaminado.
La iniciativa establece dos umbrales clave:
►Luego de cuatro años de servicio continuo bajo modalidad temporal, el trabajador tendrá derecho a la misma indemnización que el personal de planta permanente si es despedido sin causa.
►Luego de diez años de trabajo ininterrumpido sin que el Estado haya realizado los concursos pertinentes, el trabajador adquirirá automáticamente la estabilidad .
Según el legislador, actuar de esta forma es una medida de «reparación de la injusticia» y de «sentido común» que busca adelantarse a la inevitable ola de litigiosidad que sobrevendría. La cláusula de retroactividad —aplicable a después de ocurridos desde el diez de diciembre de dos mil veintitrés— subraya la naturaleza defensiva y preventiva del proyecto, evitando que el Estado sea condenado masivamente a pagar indemnizaciones retroactivas.
En el marco de la flexibilización laboral
El diputado Valdés enmarca el proyecto en una crítica general a la flexibilización laboral que impulsa el Gobierno nacional , recordándola como una estrategia «fracasada» ya aplicada en el año dos mil . La iniciativa, que cuenta con el amplio respaldo de numerosos legisladores de Unión por la Patria , se posiciona como un escudo protector para los empleados públicos frente al ajuste, al tiempo que busca restablecer la dignidad del trabajo estatal.
