Identificaron a 12 víctimas en La Perla: avances judiciales reactivan la búsqueda de desaparecidos
Más allá del impacto judicial inmediato, la identificación de víctimas tiene un profundo efecto social: permite reconstruir historias personales interrumpidas por la represión estatal y ofrece a las familias la posibilidad de cerrar décadas de incertidumbre. Al mismo tiempo, reafirma el papel de la ciencia forense y de las políticas de derechos humanos en la reconstrucción de la verdad histórica en Argentina.

La identificación de los restos de 12 personas asesinadas durante la última dictadura militar en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, representa un nuevo avance en los procesos de memoria, verdad y justicia que aún continúan abiertos en Argentina.
El hallazgo, confirmado por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, es el resultado de excavaciones realizadas en 2025 en el sector denominado Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.
Los trabajos fueron desarrollados de manera conjunta por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. A partir de análisis genéticos realizados sobre restos óseos hallados en el predio lindero al antiguo campo de concentración, se logró obtener una primera identificación parcial de doce víctimas de desaparición forzada.
Desde el juzgado a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja se informó que, una vez completado el proceso de notificación a los familiares directos, se brindarán mayores detalles sobre las identidades recuperadas. El procedimiento ya comenzó, lo que anticipa nuevos datos en los próximos días.
El descubrimiento adquiere además una fuerte dimensión simbólica y política: ocurre en la antesala del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, período durante el cual miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en centros clandestinos como La Perla, considerado uno de los mayores del país.
Desde el punto de vista investigativo, el hallazgo también confirma hipótesis que se vienen trabajando desde hace años. La antropóloga forense Silvana Turner, del EAAF, explicó que el predio militar donde se realizan las excavaciones abarca unas 14 mil hectáreas, pero la búsqueda pudo reducirse a un área aproximada de diez hectáreas gracias al análisis de una fotografía aérea de 1979 combinada con testimonios judiciales e investigación histórica.
Apenas cinco días después de iniciadas las excavaciones surgieron los primeros indicios: restos óseos dispersos en el sedimento, no articulados como en una fosa común tradicional. Este patrón, según los investigadores, es consistente con prácticas de enterramientos clandestinos y posteriores manipulaciones destinadas a ocultar evidencia de crímenes cometidos contra detenidos-desaparecidos.
La directora del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial cordobés, Anahí Ginarte, subrayó que la convergencia entre evidencia documental, testimonios judiciales y análisis territorial permitió orientar la búsqueda hacia ese punto específico del predio. Este enfoque interdisciplinario es una de las claves que ha permitido reabrir líneas de investigación incluso décadas después de los hechos.
Para la fiscalía, a cargo de Facundo Trotta, el hallazgo refleja la persistencia de los procesos judiciales vinculados a los crímenes de lesa humanidad. En ese marco, el funcionario reiteró el llamado a que cualquier persona que posea información relevante se acerque al juzgado, a la fiscalía o al EAAF, ya que nuevos testimonios pueden contribuir a ampliar las investigaciones.
