Grabois denunció penalmente a Espert por nexos con un empresario narco
El problema no es solo de un candidato o un partido, sino de un sistema que parece carecer de herramientas eficaces para prevenir que el dinero sucio se filtre en los procesos electorales.
El dirigente de Fuerza Patria, Juan Grabois, presentó una denuncia penal contra el diputado liberal José Luis Espert, acusándolo de haber recibido fondos provenientes del empresario Federico “Fred” Machado, hoy con prisión domiciliaria y pedido de extradición por narcotráfico y lavado de dinero.
Según el escrito, en febrero de 2020 Espert habría recibido 200 mil dólares de Machado, dinero que, de acuerdo con la Justicia de Texas, formaba parte de una red criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.
La acusación va más allá de un aporte puntual. Grabois sostiene que la relación entre Espert y Machado comenzó en 2019, durante la campaña presidencial del actual legislador, cuando el empresario habría puesto a disposición aviones, un auto blindado y fondos millonarios para financiar sus actividades políticas. Documentos judiciales en Estados Unidos e investigaciones periodísticas de Sebastián Lacunza y Rodis Recalt ya habían señalado vínculos entre el libertario y el entramado financiero de Machado.
Los datos exhibidos en la denuncia suman elementos inquietantes. Entre ellos, la existencia de una camioneta Jeep Grand Cherokee vinculada a Machado que contaba con cédula azul a nombre de Espert y su jefe de campaña, y la sospechosa evolución patrimonial del legislador, cuyo patrimonio declarado se habría multiplicado casi ocho veces en apenas dos ejercicios fiscales, pasando de 29 millones de pesos en 2022 a más de 260 millones en 2024.
Este caso plantea interrogantes de fondo: ¿qué grado de permeabilidad tiene la política argentina frente al dinero del narcotráfico? La denuncia contra Espert no solo golpea a un dirigente clave de La Libertad Avanza, actual presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados, sino que expone la fragilidad de los mecanismos de control sobre el financiamiento electoral. La posibilidad de que organizaciones criminales financien campañas y aporten logística a candidatos no es un mero hecho aislado, sino un riesgo estructural que amenaza la transparencia democrática.
Aunque la Justicia deberá determinar si existen pruebas suficientes para imputar a Espert, el caso abre un debate ineludible: la política argentina sigue sin resolver cómo blindarse de los capitales ilegales que buscan legitimidad a través de las urnas.
