Gobierno oficializa privatizaciones viales de rutas claves hacia Uruguay y Brasil
Esta decisión marca el inicio de la privatización efectiva de la administración de rutas bajo el actual marco normativo y afecta a corredores vitales para la conexión regional y el comercio exterior.
La Secretaría de Transporte, mediante la Resolución 80/2025, ha concretado un paso significativo en la política de infraestructura del Gobierno al aprobar las concesiones de tramos estratégicos de la red vial nacional.
La medida impacta principalmente al ex-Corredor Vial 18, que incluye las rutas nacionales 12 y 14, además del emblemático Puente Rosario-Victoria. Estas vías atraviesan cuatro provincias —Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes— y son fundamentales por su función como ejes de conexión con los países limítrofes de Uruguay y Brasil.
La resolución da cumplimiento al Decreto 28/2025 de enero, que sentó las bases para el llamado a licitación pública nacional e internacional realizado en mayo, tras el vencimiento de la concesión anterior en abril de 2025.
El objetivo central del pliego es la «construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento» y la posibilidad de «nuevas explotaciones complementarias o colaterales» bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Este esquema busca garantizar el financiamiento de las obras y el mantenimiento a través de la captación de ingresos adicionales, descargando la inversión del tesoro nacional.
Adjudicatarios y Nuevos Controladores
Los tramos se dividieron y adjudicaron a diferentes grupos empresariales:
►Tramo Oriental: Concedido a Autovía Construcciones y Servicios S.A.
►Tramo Conexión: Adjudicado a un consorcio de empresas nacionales que incluye a Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.
La oficialización de estas concesiones representa la primera aplicación concreta de la nueva etapa de gestión de la Red Federal de Concesiones Viales, y sienta un precedente para futuras privatizaciones y esquemas de participación público-privada en la infraestructura nacional.
