Estados Unidos iniciará ataques terrestres en México contra el narcotráfico
El anuncio de ataques terrestres parece responder más a una lógica de confrontación y posicionamiento político que a un plan integral y viable contra el narcotráfico. Lejos de resolver la crisis, podría agravar la violencia, erosionar la cooperación bilateral y profundizar la desconfianza entre ambos países. La seguridad regional exige coordinación, corresponsabilidad y políticas basadas en evidencia, no amenazas unilaterales que ponen en juego la estabilidad de América del Norte.
El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar ataques terrestres contra cárteles de la droga en México marca un punto de inflexión peligroso en la relación bilateral y reaviva una narrativa de seguridad que simplifica un fenómeno complejo.
Al afirmar que estas organizaciones “controlan México” y atribuirles entre 250 mil y 300 mil muertes, Trump refuerza un diagnóstico unilateral que omite responsabilidades compartidas y sobredimensiona la eficacia de una respuesta militar directa.
La propuesta se inscribe en una estrategia discursiva conocida: vincular la crisis de opioides en Estados Unidos con un enemigo externo y ofrecer soluciones de fuerza como respuesta inmediata. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que la militarización del combate al narcotráfico no ha reducido de manera sostenida ni la oferta de drogas ni la violencia asociada; por el contrario, ha fragmentado a los grupos criminales y escalado los conflictos locales. La promesa de haber “erradicado el 97% de las drogas que entran por agua” carece de contexto y verificación pública, y no explica por qué, pese a ello, la disponibilidad de estupefacientes y las muertes por sobredosis siguen siendo un problema estructural en territorio estadounidense.
Desde la perspectiva mexicana, la postura de Trump choca frontalmente con la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que rechazó permitir el ingreso de tropas estadounidenses, subrayando un principio básico del derecho internacional: cada Estado es responsable de actuar dentro de sus fronteras. Aceptar incursiones terrestres no solo sentaría un precedente riesgoso, sino que podría detonar tensiones políticas internas y una reacción social adversa en México.
Además, el enfoque de Trump invisibiliza factores clave del problema: la demanda sostenida de drogas en Estados Unidos, el flujo de armas desde el norte hacia el sur y la necesidad de políticas integrales de salud pública para atender las adicciones. Sin cooperación judicial, control del tráfico de armas y estrategias de prevención y tratamiento, la ofensiva militar aparece más como un gesto político que como una solución efectiva.
