13 de noviembre de 2025

Espert complicado: apareció un contrato por 1 millón de dólares con Fred Machado

El panorama político de José Luis Espert atraviesa una nueva tormenta. Tras abandonar su candidatura por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y solicitar licencia en la Cámara de Diputados, ahora el legislador quedó envuelto en un escándalo aún más delicado: la aparición de un contrato por un millón de dólares firmado entre él y el empresario detenido Fred Machado, señalado por la Justicia por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El hallazgo fue realizado por la Policía Federal durante un allanamiento en la vivienda de Machado, en Viedma, Río Negro. Aunque el documento estaba roto y manchado, peritos lograron reconstruirlo y confirmar su contenido. Según consignó el portal Minuto Uno, el contrato, fechado en 2019, estipula pagos fraccionados de 100 mil dólares mensuales en concepto de supuestos “servicios pactados” entre Espert y Machado.

La revelación adquiere un peso especial en el contexto judicial actual: Machado se encuentra detenido y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por causas vinculadas al tráfico de drogas. En ese escenario, la existencia de un acuerdo económico tan cuantioso con un legislador argentino en ejercicio —aunque hoy con licencia— profundiza las sospechas y genera interrogantes sobre la transparencia de los vínculos políticos con sectores de dudosa legitimidad.

Ph: m1

El contenido del contrato no deja lugar a ambigüedades: pagos consecutivos, cláusulas que blindaban al “prestador” de cualquier contingencia y un compromiso irrevocable de cumplimiento. Lejos de una transacción menor, el documento refleja una relación financiera estructurada y de alto valor económico, difícil de justificar desde el ámbito de la actividad política.

El caso abre un frente incómodo para Espert. Aunque todavía no hay una acusación formal en su contra, la asociación de su firma con la de un empresario con antecedentes de este calibre podría derivar en consecuencias políticas y judiciales. Además, expone un costado crítico del sistema: la facilidad con que dirigentes nacionales establecen vínculos contractuales con personajes que hoy son investigados internacionalmente por delitos graves.

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