En una hora, al menos 16 mujeres sufren violencia en Perú

Esta semana, el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se fusionará con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). A pesar de las críticas y el rechazo de diversos sectores,

Adrianzén defendió la medida, argumentando que el objetivo es “relevar el papel de la mujer y fortalecer la lucha contra la pobreza”.

Sin embargo, la propuesta ha sido ampliamente cuestionada, sobre todo por expertos y organizaciones feministas, quienes advierten que esta fusión podría tener consecuencias devastadoras para las políticas de prevención y erradicación de la violencia de género en el país.

La fusión de ambos ministerios contraviene los principios fundamentales del MIMP, que se dedica a proteger a las poblaciones vulnerables, particularmente a las mujeres, niñas y adolescentes, frente a diversas formas de violencia. En contraste, el Midis tiene como principal misión la lucha contra la pobreza, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de mezclar funciones tan dispares. La ex ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, criticó la medida como un «sinsentido» y un claro desconocimiento de las realidades que enfrentan las mujeres peruanas, a quienes consideró como el grupo más vulnerable frente a la violencia de género.

Según las estadísticas del Programa Aurora, de enero a diciembre de 2024 se registraron 162 casos con características de feminicidio, lo que representa un aumento respecto a los 146 casos registrados en 2023. Solo en el mes de enero de 2025 se han reportado 10 feminicidios. Además, durante el año pasado, 142,182 niñas, adolescentes y mujeres fueron víctimas de violencia física, psicológica y/o sexual. En promedio, cada hora 16 mujeres sufren violencia machista en el país. Estos datos reflejan la urgente necesidad de políticas eficaces y enfocadas en la protección de las mujeres, algo que podría verse comprometido si la fusión de ministerios avanza.

Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos como Demus, Flora Tristán, Promsex, Manuela Ramos, Las Tejedoras y Amnistía Internacional han manifestado su rotundo rechazo a la fusión, argumentando que esta medida invisibilizaría los problemas específicos que enfrentan las mujeres peruanas, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género. En un pronunciamiento conjunto el año pasado, estas organizaciones destacaron que “lo que no se nombra no existe”, y señalaron que la desaparición del MIMP podría significar la pérdida de un espacio clave para atender las necesidades y los derechos de las mujeres.

La fusión también va en contra de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, que ha instado al Estado peruano a garantizar la integridad del MIMP para reforzar las políticas de igualdad de género. La desaparición de este ministerio, según las defensoras de los derechos humanos, desmantelaría los avances logrados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas.

Además, el discurso del primer ministro Adrianzén sobre la mujer como «cabeza de familia» ha sido considerado como un enfoque reduccionista y machista, que coloca a la mujer exclusivamente en el rol de cuidadora. En sus declaraciones, Adrianzén señaló que la mujer peruana tiene «rostro de cabeza de familia» y que ella debe estar involucrada en los programas sociales, una visión que fue rápidamente rechazada en redes sociales por ser demasiado limitada y estigmatizante.

En medio de un contexto tan alarmante, las expertas coinciden en que la fusión de los ministerios pone en riesgo la atención y protección que miles de mujeres víctimas de violencia requieren. La falta de políticas públicas específicas y bien dirigidas, como las que ofrece el MIMP, podría aumentar aún más la vulnerabilidad de las mujeres peruanas frente a la violencia machista.

Si bien la lucha contra la pobreza es una prioridad indiscutible, no debe ser a expensas de la protección de los derechos humanos de las mujeres. La eliminación del MIMP y la pérdida de su enfoque especializado en violencia de género podrían tener consecuencias devastadoras para la salud y seguridad de las mujeres en Perú. El Gobierno debe reconsiderar esta fusión y garantizar que las políticas de igualdad y protección continúen siendo una prioridad para el país.