Embargo a la Argentina: Jueza estadounidense autoriza el congelamiento de 210 millones de dólares
La decisión, que también está relacionada con la crisis de deuda de Argentina y los intentos fallidos de reestructuración, podría sentar un precedente importante en futuros litigios relacionados con la deuda externa del país.
Una jueza estadounidense, Loretta Preska, autorizó el embargo de 210 millones de dólares en activos del Estado argentino, intensificando la presión sobre el país en su largo conflicto con los tenedores de bonos en default.
La decisión se produce tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, que sentó un precedente clave en este tipo de disputas. El embargo beneficiará al fondo de inversión Attestor, que ha estado buscando la ejecución de su reclamo contra Argentina.
Además, la medida judicial incluye el congelamiento preventivo de otros 100 millones de dólares, lo que amplía aún más las restricciones sobre los activos argentinos en territorio estadounidense. Este nuevo embargo se suma a la reciente ejecución de una garantía de 325 millones de dólares relacionada con el Cupón PBI en Londres, aumentando la presión sobre el país en tribunales internacionales.
El consultor Sebastián Maril señaló que este fallo marca un punto de inflexión en las disputas legales que Argentina mantiene con los llamados «holdouts», los inversores que rechazaron participar en las reestructuraciones de deuda anteriores, y que ahora buscan recuperar su dinero a través de medidas legales como estas.
La ejecución del embargo se llevará a cabo a través de la Reserva Federal de Nueva York, donde se procederá al congelamiento de los fondos correspondientes. La decisión de Preska está en línea con el marco legal establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió embargos sobre activos de Argentina en el pasado, creando un precedente para otros casos similares pendientes en los tribunales estadounidenses.
Este fallo podría tener repercusiones significativas para la capacidad de Argentina de gestionar sus activos internacionales y podría complicar aún más su situación económica, sobre todo en los mercados globales, donde la incertidumbre jurídica aumenta.
