El TOF 2 ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad
Ordenó que, una vez tasados los bienes, se informe lo actuado a la Corte Suprema para su eventual asignación al servicio de justicia, y dispuso su incorporación a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 quedara firme tras su ratificación en junio pasado. La decisión abarca 122 propiedades identificadas por el Ministerio Público Fiscal como activos vinculados a la maniobra fraudulenta desarrollada entre 2003 y 2015.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ordenaron ejecutar el decomiso ante el incumplimiento de los condenados, lo que implica la realización y venta de los bienes señalados.
El conjunto patrimonial incluye terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires; propiedades de Lázaro Báez y de empresas de su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto; además de un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.
El monto fijado originalmente para el decomiso, estimado en $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, siguiendo criterios técnicos validados por la Corte Suprema. Según la Justicia, esos activos representan el producto o instrumento de un circuito de beneficios indebidos en torno a la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que incluyó sobreprecios, cartelización y falta de controles en favor de Báez y generó un crecimiento patrimonial ilícito compartido con la familia Kirchner.
En su resolución, el tribunal rechazó los planteos de las defensas respecto de la supuesta falta de vínculo entre los bienes y los delitos, y sostuvo que el decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una conexión razonable con los beneficios obtenidos. También fundamentó su decisión en tratados internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen el decomiso y la recuperación de activos como herramientas centrales para combatir la corrupción.
