El oficialismo acelera una reforma penal que incluye la baja de la edad de imputabilidad
El anuncio fue ratificado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostuvo que se trata de una decisión alineada con el respaldo electoral obtenido por la gestión de Javier Milei.
El Gobierno nacional confirmó que durante este año impulsará la baja de la edad de imputabilidad como parte de la reforma integral del Código Penal, una iniciativa que vuelve a instalar en el centro del debate público una discusión histórica sobre seguridad, responsabilidad penal juvenil y política criminal.
Según Menem, la medida responde a lo que definió como un “mandato claro” de la ciudadanía para endurecer la respuesta del Estado frente al delito. Bajo la consigna de “tolerancia cero”, el oficialismo busca avanzar con una reforma que, más allá de su impacto legal, expresa una definición ideológica orientada a reforzar el enfoque punitivo como eje central de la política de seguridad.
El dirigente libertario vinculó la iniciativa al reciente asesinato de Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe, un crimen que involucró a varios menores de edad y que generó una fuerte conmoción social por su nivel de violencia. La utilización de un caso extremo como argumento político volvió a encender cuestionamientos sobre la instrumentalización de hechos trágicos para impulsar reformas estructurales sin un debate integral.
Desde sectores críticos advierten que la discusión sobre la edad de imputabilidad suele presentarse de manera simplificada, sin abordar las condiciones sociales, educativas y económicas que atraviesan a los adolescentes en conflicto con la ley. También señalan que no existen evidencias concluyentes de que bajar la edad penal reduzca los índices de criminalidad, y reclaman políticas públicas orientadas a la prevención y la inclusión.
Menem, sin embargo, reafirmó la postura del oficialismo con un mensaje contundente en redes sociales, donde aseguró que en el marco de la reforma del Código Penal prevista para 2026 se avanzará sin concesiones. “El que las hace, las paga”, expresó, sintetizando el discurso que el Gobierno busca consolidar frente a un electorado que demanda respuestas inmediatas ante la inseguridad.
La iniciativa promete generar un fuerte debate en el Congreso y en la sociedad, donde chocan visiones opuestas sobre el rol del Estado, la protección de derechos de niños y adolescentes y la eficacia real del endurecimiento penal como respuesta a un problema complejo y de largo plazo.
