El Gobierno ultima el envío al Congreso de una reforma penal que promete un cambio de doctrina
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, sostuvieron que la propuesta busca establecer un nuevo paradigma punitivo orientado a endurecer las sanciones, agilizar los tiempos judiciales y reducir la reincidencia.
El Poder Ejecutivo se prepara para remitir al Congreso, en breve, el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que el oficialismo considera central dentro del paquete de transformaciones previstas para esta etapa de gestión.
Durante una conferencia en Casa Rosada, Adorni destacó el rol de Bullrich en lo que definió como la recuperación del orden público. En su diagnóstico, la situación heredada incluía altos niveles de violencia, una presencia dominante de organizaciones piqueteras en el espacio público y zonas liberadas para el crimen organizado, especialmente en Rosario. Según afirmó, la reforma apunta a revertir ese escenario mediante un marco legal más estricto y coherente.
Bullrich, ahora senadora, profundizó en los lineamientos del proyecto. Señaló que la iniciativa procura modificar la relación entre Estado, víctimas y victimarios, con el objetivo de que la Justicia actúe con mayor rapidez y las condenas se cumplan de manera efectiva. El texto contempla un aumento generalizado de penas y un esquema especial de protección para trabajadores esenciales, estudiantes y personas mayores.
Entre los cambios anunciados figura la tipificación de la conducción imprudente, una demanda histórica de organizaciones de familiares de víctimas; nuevas disposiciones sobre abuso de armas; y una reformulación del concepto de legítima defensa, que colocaría la presunción inicial a favor de quien se defiende. Además, se prevé una mayor participación de las víctimas en el proceso penal.
Según lo adelantado por la funcionaria, la reforma implicará que una proporción significativa de los delitos —estimada en más del ochenta por ciento— se traduzca en penas de cumplimiento efectivo, en línea con la estrategia oficial de reforzar la respuesta punitiva del Estado.
