El Gobierno sostiene su reforma laboral y culpa a sindicatos, abogados y al Estado por la falta de empleo formal

Mientras el Gobierno sostiene que flexibilizar es la clave para generar empleo, sus críticos advierten que estas reformas pueden debilitar derechos sin garantizar una mejora sostenible en el mercado laboral. El resultado dependerá, una vez más, de factores que van más allá del marco regulatorio.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno busca “lograr un mercado de trabajo en el que suba el sueldo de la gente y haya más empleo”. Según sostuvo, la Argentina lleva quince años sin crear empleo formal y enfrenta una crisis estructural que requiere modificaciones profundas.

En declaraciones radiales, el ministro sostuvo que en la relación laboral “todo el mundo caranchea”, aludiendo tanto al Estado como a sindicatos, abogados laboralistas y empresas. A su juicio, cada uno de estos actores extrae recursos del sistema y encarece la contratación. Señaló también que las cargas impositivas sobre los empleadores son “impresionantes” y que las cuotas sindicales —tanto la obligatoria como la solidaria— agregan costos que considera excesivos.

Sturzenegger afirmó que los salarios negociados en paritarias incluyen comisiones cercanas a los cien mil pesos por trabajador, monto que definió como “caro” y que, según su interpretación, podría destinarse a mejorar los ingresos de los empleados. Además, apuntó contra la denominada “industria del juicio”, indicando que las sentencias laborales duplican o triplican las indemnizaciones previstas y generan incertidumbre para las empresas.

El funcionario destacó como modelo exitoso el sistema indemnizatorio de la UOCRA, al que atribuyó haber reducido la litigiosidad a cero, y planteó su posible extensión a todos los sectores.

Las afirmaciones del ministro, sin embargo, dejan sin responder varios interrogantes de fondo. Su diagnóstico responsabiliza a múltiples actores, pero evita profundizar en el rol de las políticas macroeconómicas, la inestabilidad y la caída sostenida del salario real, factores que también desalientan la creación de empleo formal. Asimismo, su propuesta de abaratar costos laborales se alinea con la idea de que la desregulación por sí sola dinamiza el mercado, pese a que la evidencia histórica en el país muestra que los ciclos de empleo están más asociados al crecimiento económico que a modificaciones normativas.

El planteo oficial, centrado en reducir litigios y cargas, abre un debate sobre quién debe asumir los riesgos de la contratación y qué nivel de protección se considera aceptable para los trabajadores.