El Gobierno reglamentó el «seguro de cese laboral»: un paso hacia la eliminación de las indemnizaciones
En una nueva jugada dentro de la reforma laboral promovida por el Gobierno, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aprobó recientemente los lineamientos que permiten reemplazar las tradicionales indemnizaciones por un «seguro de cese laboral».
La medida, plasmada en la resolución 347/2025, reglamenta una de las propuestas contempladas en la Ley Bases, presentada en 2024, pero que aún no había tomado forma definitiva.
A partir de este cambio, las empresas y sus empleados tendrán la posibilidad de acordar un sistema en el que las indemnizaciones por despido sean sustituidas por aportes periódicos a una cuenta especial administrada por una compañía de seguros. El saldo acumulado en esta cuenta se utilizaría como indemnización en caso de despido, pero solo bajo las condiciones estipuladas en la póliza y el convenio colectivo correspondiente.
Este sistema, a primera vista, parece ofrecer una solución flexible para los trabajadores, permitiéndoles, además, contar con una cuenta individual de ahorro. Sin embargo, las implicaciones del «seguro de cese laboral» van mucho más allá de una mera formalidad administrativa y plantean serias preocupaciones sobre la estabilidad laboral y el poder de los empleadores frente a sus empleados.
Un cambio en la naturaleza de la indemnización
Hasta la implementación de este nuevo esquema, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo garantizaba que, ante un despido sin causa justificada, el empleador debía abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado. Esta medida buscaba, entre otras cosas, disuadir los despidos arbitrarios y ofrecer a los trabajadores un colchón económico mientras encontraban un nuevo empleo.
Sin embargo, la alternativa del «seguro de cese laboral» elimina la indemnización en su forma tradicional, colocando al trabajador en una situación de mayor incertidumbre. El hecho de que el fondo acumulado en la cuenta especial solo pueda retirarse en caso de despido o bajo las condiciones de la póliza deja al trabajador en una posición de desventaja, sin la posibilidad de acceder a la indemnización en caso de una desvinculación injustificada o arbitraria.
¿Un retorno a las AFJP?
El diseño del seguro de cese laboral genera una serie de paralelismos con el sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que se instauró en los años 90 y que fue criticado por su fracaso en garantizar un ahorro digno para los trabajadores. Al igual que las AFJP, el fondo del seguro de cese se colocará en una cartera de inversiones, cuyo rendimiento será gestionado por la aseguradora con el objetivo de incrementar el capital. Este modelo deja abierta la puerta a la especulación financiera y plantea dudas sobre la eficacia de este sistema en la protección de los derechos laborales.
El temor a una repetición de los problemas de las AFJP es legítimo: ¿realmente este sistema garantizará que los trabajadores reciban una indemnización suficiente y a tiempo en caso de un despido? Además, el hecho de que las cuentas sean inembargables solo en ciertas condiciones y que el acceso al saldo dependa de la desvinculación por las causales explícitas de la póliza plantea interrogantes sobre la verdadera seguridad que este seguro ofrecerá a los empleados.
El riesgo para la estabilidad laboral y la desprotección del trabajador
El principal peligro de esta reforma radica en el debilitamiento de la protección laboral que tradicionalmente ha ofrecido la indemnización. Si bien el «seguro de cese laboral» podría ser visto como una opción más moderna y flexible, también podría servir para facilitar despidos injustificados. Al eliminar la indemnización tradicional, el Gobierno podría estar abriendo la puerta a una flexibilización excesiva del mercado laboral, en la que los empleadores se vean incentivados a despedir sin temor a las consecuencias económicas de un despido arbitrario.
Esto podría tener efectos perjudiciales sobre la organización de los trabajadores. El «seguro de cese laboral» podría convertirse en una herramienta para debilitar la capacidad de los empleados de organizarse y sindicalizarse. La amenaza de un despido sin justificación podría ser utilizada para disciplinar a los trabajadores que intenten ejercer sus derechos, como reclamar mejoras en las condiciones laborales o negociar colectivamente.
Además, este sistema de seguros podría generar un ambiente de mayor incertidumbre y precariedad para los trabajadores, quienes se verían obligados a depender de la administración de las aseguradoras y de la fluctuación de los rendimientos de sus fondos. De esta manera, se corre el riesgo de que los derechos laborales se vean progresivamente erosionados en favor de un modelo económico que privilegia la flexibilidad para las empresas, a expensas de la estabilidad y seguridad de los trabajadores.
Un golpe a la organización sindical
Si bien el Gobierno ha defendido esta reforma como una medida que favorecerá la competitividad y la creación de empleo, muchos analistas y representantes sindicales advierten que esta reforma es un paso más en la desindicalización del mercado laboral argentino. Al eliminar una de las principales herramientas de protección de los trabajadores (la indemnización), se estaría promoviendo un modelo que favorece a los empleadores y pone en riesgo los derechos de los trabajadores.
El reglamento del «seguro de cese laboral» abre una nueva etapa en la política laboral del Gobierno, pero también plantea graves interrogantes sobre la equidad de este sistema y los posibles efectos sobre la protección del empleo y la organización sindical. Lejos de ser una solución justa, esta reforma podría terminar siendo un retroceso en los derechos laborales, al exponer a los trabajadores a nuevas formas de precarización laboral bajo el pretexto de modernizar el sistema.
