El Gobierno refuerza el uso de ADN en investigaciones criminales con un nuevo protocolo para las fuerzas federales
La medida, oficializada a través de la Resolución 1061/2025 del Ministerio de Seguridad y publicada este lunes con la firma de Patricia Bullrich, establece que las fuerzas federales podrán recolectar evidencia genética bajo estándares más estrictos de trazabilidad, integridad y confidencialidad.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo protocolo que regula la toma de muestras de ADN en escenas del crimen, con el objetivo de reforzar la cadena de custodia y la validez jurídica de las pericias.
La decisión no sustituye al protocolo de 2021, sino que lo complementa. Mientras aquel reglamento definía pautas generales para la actuación científica en investigaciones criminales, el nuevo instrumento se centra específicamente en el tratamiento de muestras biológicas con potencial genético. Según el Ministerio de Seguridad, esta especialización permitirá mayor precisión técnica y garantizará la eficacia probatoria del material en los procesos judiciales.
El texto oficial subraya que el ADN constituye un recurso clave no solo para identificar a presuntos autores de delitos, sino también para descartar sospechosos, esclarecer causas complejas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas. En ese sentido, la norma incorpora una planilla formal de cadena de custodia, donde quedará documentado cada paso que atraviesa la evidencia, desde su recolección en el lugar del hecho hasta su análisis en laboratorios acreditados.
El trasfondo político de la medida refleja una tendencia del Gobierno a reforzar las capacidades de investigación de las fuerzas federales, en un contexto de creciente debate sobre seguridad y criminalidad. Con este protocolo, el Ejecutivo busca blindar jurídicamente los procedimientos y evitar que errores técnicos o vacíos en la documentación debiliten la validez de pruebas clave en los tribunales.
La estandarización, sin embargo, también abre interrogantes. Si bien el protocolo garantiza uniformidad en las fuerzas federales, queda pendiente evaluar cómo se articulará con las policías provinciales y con los sistemas judiciales locales, que en muchos casos son los que llevan adelante las investigaciones. Además, el incremento en la recolección y almacenamiento de información genética plantea desafíos en materia de derechos individuales y protección de datos sensibles, un aspecto que organismos de derechos humanos podrían colocar en la agenda pública.
En síntesis, la resolución apunta a profesionalizar la actuación policial en un terreno decisivo para la investigación criminal, pero también instala el debate sobre los equilibrios entre eficacia investigativa, garantías procesales y resguardo de libertades.
