El Gobierno español propone blindar el derecho al aborto en la Constitución
Esta acción se produce en un momento en que el derecho al aborto está sufriendo amenazas y retrocesos a nivel internacional, particularmente en países como Estados Unidos.
El Gabinete liderado por el presidente Pedro Sánchez presentó el viernes una propuesta para modificar la Constitución con el fin de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España.
Esta medida del Ejecutivo se activa como respuesta directa a una reciente iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, impulsada por los votos de PP y Vox, la cual exige que se informe a las mujeres que solicitan la IVE sobre el supuesto «trauma posaborto». La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que este concepto carece de cualquier tipo de aval científico.
El presidente Sánchez defendió la propuesta en la red social X, afirmando que su Gobierno no cederá «ni un paso atrás» en materia de derechos sociales, y criticó al PP por «fundirse con la ultraderecha» a costa de las «libertades y los derechos de las mujeres».
Barrera legal contra la desinformación
Además de la reforma constitucional, el Gobierno planea modificar el Real Decreto 825/2010. El objetivo es impedir que las mujeres que desean interrumpir su gestación reciban «información falsa o sin evidencia científica».
El Ejecutivo subraya que el Tribunal Constitucional ya reconoció la IVE como un derecho fundamental de las mujeres en una sentencia del 9 de mayo de 2023. Para proteger este derecho, la nueva regulación exigirá que toda la información brindada sobre la IVE se base en evidencia científica objetiva y esté respaldada por estándares de instituciones de prestigio internacional, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El debate sobre el «trauma posaborto» se ha intensificado, sobre todo después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconociera que dicho concepto no es una «categoría científica reconocida». La ministra García reforzó que este presunto síndrome se sustenta en «mucha ideología y poca ciencia».
Para la inclusión de este derecho en la Carta Magna, el Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario, el cual requiere una mayoría cualificada para su aprobación. De materializarse, España se convertiría en el segundo país del mundo en consagrar el derecho a la IVE en su Constitución, siguiendo la estela de Francia que lo estableció en 2024.
