El Gobierno disuelve el Procrear y transfiere la gestión de los créditos al sector privado

En tiempos de emergencia habitacional, la pregunta que queda flotando es si el mercado será capaz de reemplazar —y mejorar— lo que el Estado, con todas sus falencias, al menos intentó garantizar.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución del Fondo Fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), una política pública que durante más de una década facilitó el acceso al crédito hipotecario a miles de familias.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, implica no solo el cierre administrativo del fondo, sino también un cambio de paradigma: la gestión de los préstamos pasará ahora al Banco Hipotecario S.A., bajo lógica comercial.

La medida, que da cumplimiento al Decreto 1018/2024 emitido en noviembre del año pasado, se enmarca en la Ley de Emergencia Pública N.º 27.742, que otorga amplias facultades al Ejecutivo para modificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos. El argumento central esgrimido por el Gobierno es que el programa se había transformado en una “pesada carga” fiscal, además de haber registrado fallas administrativas y demoras en su ejecución.

Según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el programa evidenció deficiencias como retrasos en la entrega de viviendas, reclamos por condiciones de habitabilidad, y falta de actualización en los procedimientos. Estos puntos fueron usados como justificación para desmantelar una política que, sin embargo, fue reconocida durante años como uno de los pocos mecanismos de crédito accesible para sectores medios y trabajadores.

Pero el enfoque oficial va más allá de la eficiencia administrativa: el Ministerio de Economía afirma que la financiación de viviendas es una tarea que “corresponde a los bancos comerciales”, deslegitimando la intervención estatal directa en un área clave como el derecho a la vivienda. Esta visión contrasta con la lógica que originó al Procrear en 2012, cuando el Estado asumía un rol activo para compensar las fallas del mercado inmobiliario.

En la práctica, el cierre del fondo no afectará los créditos ya otorgados, que seguirán siendo gestionados por el Banco Hipotecario con las condiciones originales. Sin embargo, el traspaso implica que la administración, el cobro y eventual venta de carteras de crédito —en especial aquellas con bajo nivel de recupero— quedan en manos de un actor con fines de lucro, lo que genera incertidumbre sobre el trato que recibirán los beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

El Estado, por su parte, se reserva la facultad de disponer de los bienes inmuebles aún no adjudicados. Algunos podrán ser transferidos a provincias o municipios; otros pasarán a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que podría abrir la puerta a futuras ventas o reconversiones con fines comerciales.

El cierre del Procrear marca un punto de inflexión en la política habitacional argentina. No se trata simplemente de una reorganización administrativa, sino de una decisión política que redefine el rol del Estado en una de las áreas más sensibles de la vida social. Mientras el Gobierno invoca la necesidad de «achicar el Estado» y «transparentar el gasto», miles de familias quedan huérfanas de un instrumento que alguna vez representó una esperanza concreta para acceder a una vivienda digna.