El Gobierno desafía el fallo judicial y redobla la confrontación por el protocolo antipiquetes

La apelación anunciada abrirá un nuevo capítulo judicial, pero el trasfondo ya está planteado: el conflicto no es solo por un protocolo, sino por el alcance del poder del Estado, el rol de la Justicia como contrapeso y la forma en que se define el “orden” en una democracia atravesada por la protesta social y la desigualdad.

Tal como se anticipaba, el Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que dejó sin efecto el protocolo antipiquetes, una de las principales banderas de su política de seguridad.

El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de redes sociales, luego de que el juez federal Martín Cormick declarara la nulidad de la medida en respuesta a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, cuestionó la legalidad del protocolo diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich, al considerar que avanzaba sobre derechos constitucionales y carecía de respaldo normativo suficiente. Sin embargo, lejos de abrir una instancia de revisión o autocrítica, el Ejecutivo optó por profundizar el conflicto con el Poder Judicial y plantear la discusión en términos políticos y discursivos.

Monteoliva enmarcó la resolución judicial como un obstáculo al “orden” y la “tranquilidad”, y sostuvo que la suspensión del protocolo responde a sectores que —según su visión— apuestan al caos. El mensaje oficial no solo anticipa la apelación, sino que reafirma una lógica binaria: orden versus desorden, gobierno versus “vieja política”, sin atender los fundamentos jurídicos señalados por el magistrado.

En la misma línea se pronunció Patricia Bullrich, quien atribuyó el fallo a una supuesta animosidad personal del juez contra el Gobierno y defendió el protocolo como una herramienta ampliamente validada. Sus declaraciones refuerzan una estrategia conocida: desacreditar al sistema judicial cuando sus decisiones resultan adversas y trasladar el debate legal al terreno de la confrontación ideológica.

Desde una perspectiva analítica, la reacción oficial expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y los límites institucionales. La insistencia en sostener el protocolo “a toda costa” sugiere una concepción del orden público que prioriza la autoridad y la eficacia operativa por sobre el control judicial y las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, el uso reiterado de un lenguaje polarizante reduce un debate complejo —el equilibrio entre el derecho a la protesta y la libre circulación— a consignas políticas que eluden el fondo del problema.