El Gobierno avanza hacia la privatización de AySA y redefine el marco regulatorio del servicio de agua
La medida, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, consolida el marco jurídico necesario para concretar el traspaso de la compañía al sector privado.
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el camino hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), al aprobar mediante el Decreto 805/2025 un texto ordenado del “Marco Regulatorio” que actualiza y redefine las normas bajo las cuales opera la empresa estatal.
El decreto se apoya en lo establecido por la Ley Bases, que incluyó a AySA dentro del listado de empresas públicas sujetas a privatización. Según el texto, el proceso deberá realizarse bajo principios de transparencia, competencia y eficiencia, buscando asegurar la continuidad del servicio y el uso eficaz de los recursos públicos.
El Ejecutivo argumenta que la actualización del marco regulatorio es indispensable para otorgar “certeza jurídica” al proceso, iniciado formalmente en agosto, y garantizar una transición ordenada. En este sentido, el reglamento contempla la posibilidad de establecer un régimen transitorio de hasta cinco años, destinado a permitir una implementación progresiva del nuevo esquema y preservar la “ecuación económico-financiera” del futuro contrato de concesión.
La decisión marca un cambio estructural en la gestión del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), actualmente bajo control estatal.
El debate sobre la privatización de AySA abre interrogantes sobre el futuro de las tarifas, la calidad del servicio y el acceso universal al agua potable en la región más poblada del país, en un contexto donde la política de desregulación y reducción del Estado sigue siendo uno de los ejes centrales del Gobierno de Javier Milei.
