El Gobierno avanza en la privatización parcial de Nucleoeléctrica y abre un debate sobre la soberanía energética
¿Este modelo de privatización parcial será un paso hacia un sistema energético más eficiente o si implicará la pérdida de control sobre uno de los pilares estratégicos del desarrollo industrial y científico argentino?. En un país con larga tradición en el desarrollo nuclear, la medida despierta más interrogantes que certezas.
El Gobierno avanzó en un paso decisivo hacia la reconfiguración del rol del Estado en la energía nuclear: autorizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera las tres centrales nucleares del país.
A través del Decreto 695/2025, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habilitaron la venta del 44% de las acciones de la compañía, que hasta ahora permanecía bajo control estatal y mostraba un desempeño económico positivo.
La decisión resulta llamativa porque NASA no es una firma deficitaria, sino una de las pocas estatales con superávit. Solo en el primer trimestre de este año obtuvo ganancias por $17.234 millones. A esto se suma que controla activos estratégicos: Atucha I, Atucha II y Embalse, que generan cerca del 7% de la electricidad del país. La paradoja es evidente: el Estado se desprende de una empresa rentable y de valor geopolítico en nombre de la eficiencia y la “nivelación de reglas de juego”.
El oficialismo sostiene que la apertura al capital privado permitirá financiar proyectos como la extensión de vida de las centrales, la explotación de uranio y el desarrollo del primer reactor modular argentino. Sin embargo, especialistas advierten que el ingreso de actores privados en un área tan sensible como la nuclear podría tensionar el delicado equilibrio entre soberanía energética, seguridad estratégica y rentabilidad económica.
Desde la oposición, Unión por la Patria ya presentó un proyecto para frenar la venta, argumentando que el proceso compromete recursos estratégicos y desnaturaliza el rol del Estado en sectores críticos. El cuestionamiento no es menor: mientras el Gobierno insiste en que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, surgen dudas sobre si se está priorizando la recaudación a corto plazo por sobre la planificación energética de largo plazo.
La licitación prevé que el 5% de las acciones quede en manos de los trabajadores bajo un esquema de “propiedad participada”, mientras que el Estado conservará el 51%. Aun así, la venta del 44% restante abre la puerta a que fondos extranjeros o grandes corporaciones ingresen a un negocio que hasta ahora había estado bajo control estatal.
