El Gobierno avanza en la desregulación educativa: los colegios privados sin subsidio podrán fijar cuotas sin límites
En el discurso oficial, la desregulación representa “más libertad y menos burocracia”. En los hechos, implica que el Estado renuncia a su rol de moderador en un servicio que define el futuro de millones de familias, delegando en el mercado una función que históricamente formó parte del contrato social argentino.
El Gobierno nacional profundizó su política de desregulación con una medida que impacta en el sistema educativo: a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, se habilitó a los colegios privados sin aportes estatales a fijar libremente sus cuotas y matrículas, sin necesidad de autorización ni supervisión del Estado.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, deroga el decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas estableció un marco regulatorio sobre los aranceles en la educación privada. Con esta decisión, el Ejecutivo elimina uno de los últimos mecanismos de control estatal sobre los precios en el ámbito educativo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, intentó llevar calma al aclarar que la medida afecta solo a los colegios de gestión privada sin subsidios, que representan aproximadamente el 6% del sistema educativo —unos 2.000 establecimientos en todo el país—. Sin embargo, el alcance reducido no mitiga el debate de fondo: el retiro del Estado como garante de la accesibilidad en un sector clave de la formación social.
En términos prácticos, la desregulación abre la puerta a incrementos arancelarios ilimitados en los colegios más exclusivos del país, donde la educación ya se concibe como un bien de mercado y no como un derecho. Desde una perspectiva crítica, esta decisión se inscribe en la lógica liberal del Gobierno de Milei, que promueve la competencia y la autorregulación como sustitutos del control público.
Pero la medida también podría tener efectos colaterales sobre el resto del sistema educativo. La liberalización del segmento premium podría ampliar la brecha entre las instituciones que dependen de subsidios y las que no, acentuando la segmentación social y consolidando un modelo educativo dual: uno de alta calidad para quienes pueden pagar y otro cada vez más precarizado para el resto.
