El Gobierno avanza con la «motosierra»: despiden a 110 trabajadores del Hospital Posadas

En una nueva decisión controversial, el Gobierno Nacional ha despedido a 110 trabajadores del Hospital Posadas, ubicado en el partido bonaerense de Morón, en el marco de un proceso de «reordenamiento profundo» de los hospitales nacionales.

La medida fue anunciada de manera oficial a través de las redes sociales del Ministerio de Salud, donde se aseguró que los despedidos no cumplían con sus tareas o presentaban ausencias reiteradas injustificadas, según una auditoría interna.

A su vez, el Gobierno informó que aplicará descuentos salariales a los trabajadores del Hospital Garrahan que participaron en las protestas recientes, lo que generó un clima de tensión entre el Ejecutivo y los gremios de la salud.

La justificación oficial para estos despidos masivos apunta a una “salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos”, señalando que los recursos antes destinados a los empleados despedidos serán invertidos en mejorar los insumos, equipos y atención a los pacientes. «Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días», afirma el comunicado del Ministerio de Salud, dejando claro el enfoque del Gobierno de optimizar el gasto y priorizar la eficiencia.

Sin embargo, esta argumentación ha sido recibida con gran escepticismo, sobre todo por parte de los sindicatos y los propios trabajadores de la salud. Desde la Asamblea de Residentes del Hospital Posadas, se había solicitado previamente una mesa de diálogo, sin obtener respuesta favorable. La medida, lejos de aliviar las tensiones, parece acentuarlas, con un claro mensaje desde el Gobierno de que no tolerará «incumplimientos» y que “quien no cumple, paga las consecuencias”. La administración del Hospital Posadas también subrayó que, aunque se reconocen las dificultades, el reordenamiento institucional y la mejora en los recursos están orientados a fortalecer la atención y las condiciones laborales del personal que sí cumple con su labor.

Además, en una jugada paralela, el Ministerio de Salud decidió levantar la Conciliación Obligatoria que había sido dictada en el Hospital Garrahan debido a las continuas protestas de los trabajadores, lideradas por el sindicato ATE. El gremio fue señalado por “violar la ley” y “perjudicar a los pacientes” al continuar con medidas de fuerza a pesar de las instancias legales que requerían el cese de las protestas. Desde el Gobierno se aseguró que las movilizaciones eran ilegales y que, por lo tanto, los trabajadores que participaron serían sancionados con el descuento de los días de paro.

Lo que está en juego en este enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores de la salud no solo es el destino de los empleados despedidos o la resolución de las protestas en el Hospital Garrahan, sino la manera en que se está llevando adelante la administración de los recursos del sistema de salud público en Argentina. El concepto de “limpiar el sistema” expresado por las autoridades hace referencia a una visión drástica de reordenamiento, en la que se busca erradicar lo que se considera ineficiencia o abuso dentro de la estructura pública. Sin embargo, esta postura ha generado críticas sobre la falta de un verdadero diálogo social y la posibilidad de que se prioricen intereses ideológicos por encima del bienestar de los trabajadores y los pacientes.

Por un lado, el Gobierno ha dejado claro que su objetivo es lograr una salud pública más eficiente y menos influenciada por intereses sindicales, en un intento por reducir la «carga» de ciertos sectores del sistema sanitario que considera ineficientes. Pero, por otro lado, esta «motosierra» aplicada sobre los trabajadores parece estar desbordando los límites de la racionalidad y el consenso, poniendo en riesgo la estabilidad del personal de salud y la calidad de los servicios. Las políticas de ajuste, a menudo implementadas sin consultar con los involucrados, han generado un fuerte rechazo, no solo en los hospitales afectados, sino también entre otros sectores de la sociedad que apoyan el derecho de los trabajadores a manifestarse y exigir mejores condiciones laborales.

El contexto de estos despidos y sanciones no es menor, ya que se da en un momento de creciente malestar en el sector de la salud, con movilizaciones y protestas que también se hacen sentir en las calles. El hecho de que estos anuncios se hayan dado a conocer mientras los trabajadores del Garrahan marchaban en Plaza de Mayo, en un contexto donde se discutían otras demandas sociales, como las jubilaciones o el caso de Cristina Kirchner, revela la tensión política que atraviesa este conflicto.

La decisión del Gobierno de despedir a 110 trabajadores del Hospital Posadas y de aplicar sanciones a los profesionales del Garrahan refleja una estrategia agresiva de ajuste que pone en duda su efectividad a largo plazo.

Si bien el objetivo de mejorar la eficiencia en el sistema de salud es comprensible, la manera en que se están implementando estas políticas, sin un diálogo genuino con los sindicatos y los trabajadores, podría socavar la moral del personal de salud y poner en peligro la calidad de un servicio público vital para millones de argentinos.