El Gobierno avanza con el desguace del INTA y activa la venta de 27 mil hectáreas en todo el país
Según denunciaron ATE y APINTA, este procedimiento forma parte del plan oficial para rematar o concesionar más de 27 mil hectáreas distribuidas en estaciones experimentales de todo el país, en lo que los gremios califican como un “negocio inmobiliario” disfrazado de ajuste fiscal.
El proyecto del Gobierno nacional para reducir drásticamente la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dio un nuevo paso con el inicio de las mediciones en el predio de Parque Leloir, en Ituzaingó, a cargo de técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
El terreno de 34 hectáreas de Ituzaingó, ubicado en una de las zonas más cotizadas del Conurbano bonaerense, sería uno de los primeros en pasar a manos privadas.
La avanzada sobre este predio no solo implica la pérdida de patrimonio público, sino que afecta directamente al INTA AMBA, cuya estación experimental presta asistencia técnica a cerca de 10.000 productores frutihortícolas de la región. Incluso entidades rurales, históricamente alejadas de posiciones gremiales, manifestaron preocupación por el cierre de una estructura clave para el desarrollo productivo local.
El plan oficial apunta a concretar para 2027 el traspaso de 24 inmuebles del organismo y avanzar con el cierre de cientos de agencias, incluyendo el despido de 1.500 técnicos. Según los gremios, el INTA ya sufrió un ajuste del 12% de su personal, lo que debilita su capacidad operativa en un momento en que la innovación agropecuaria y la asistencia técnica resultan esenciales para la competitividad del sector.
La iniciativa se inscribe en la estrategia de reducción del Estado promovida por el oficialismo, pero sus consecuencias van más allá del recorte presupuestario. El desmantelamiento del INTA implica resignar décadas de desarrollo científico-tecnológico orientado al sector agrícola, un campo en el que la Argentina históricamente ha construido ventajas competitivas.
La venta de tierras y la pérdida de infraestructura pública no solo afectan a los trabajadores del organismo: ponen en riesgo la sustentabilidad de regiones productivas enteras y dejan a miles de productores sin herramientas para afrontar un mercado cada vez más exigente.
Mientras los gremios se preparan para denunciar la situación en el próximo Consejo Directivo Nacional del INTA, crece la inquietud sobre el impacto que esta política tendrá en la producción agropecuaria y en la preservación de recursos estratégicos. El ajuste, lejos de limitarse a un redimensionamiento administrativo, redefine el modelo de desarrollo rural del país y abre un debate sobre qué lugar ocupará el conocimiento público en el futuro del sector.
