El Gobierno aplica la «motosierra»: recorte de $500.000 millones y $120.000 millones menos para la educación pública
El anuncio, publicado en el Boletín Oficial el mismo Día del Maestro, expone una señal política de alto voltaje en un contexto de creciente malestar social y traspié electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno volvió a desplegar la motosierra y lo hizo en un terreno especialmente sensible: la educación pública. En una decisión que reavivó la polémica, el Ministerio de Economía dispuso un recorte de casi $500.000 millones en el presupuesto nacional, de los cuales $120.000 millones impactan directamente sobre programas educativos estratégicos.
La medida forma parte de la resolución administrativa 23/25 y, según Economía, responde a “reasignaciones de partidas” destinadas a sostener el superávit fiscal. Sin embargo, lo que en los papeles aparece como un reordenamiento contable, en la práctica implica un nuevo golpe a un sistema educativo ya debilitado por la inflación, la caída de salarios docentes y el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.
Los programas más castigados son aquellos vinculados a la inclusión y la infraestructura: la Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, el Desarrollo de la Educación Superior y la provisión de equipamiento para escuelas e institutos. El recorte llega justo cuando miles de familias dependen de las becas como único sostén para sostener la continuidad escolar de sus hijos, y cuando las universidades alertan que atraviesan una situación crítica que amenaza su normal funcionamiento.
El contraste que marca el informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) resulta elocuente: mientras 111 programas sufrieron reducciones por más de $950.000 millones, otros 76 recibieron aumentos por casi $460.000 millones. La prioridad no parece estar en garantizar la educación como derecho, sino en engrosar el resultado fiscal, que pasó de un superávit de $5,9 billones a $6,6 billones.
El telón de fondo es político. Apenas horas después de que el oficialismo recibiera un duro rechazo en las urnas bonaerenses —donde el 47,28% de los votantes se pronunció contra el ajuste—, el Gobierno ratifica con hechos que no piensa modificar el rumbo. La insistencia en aplicar el ajuste sobre áreas sociales críticas abre un interrogante profundo sobre la viabilidad de un modelo económico que privilegia el equilibrio contable por sobre el tejido social.
Lejos de un gesto de rectificación tras el mensaje de las urnas, el recorte en educación proyecta un escenario de mayor conflicto. La motosierra sobre la escuela pública no solo impacta en las estadísticas: erosiona la base misma de la igualdad de oportunidades y confirma que el costo del ajuste recae, otra vez, sobre los sectores más vulnerables.
