El Gobierno acelera la privatización de AySA con subas tarifarias, recorte de personal y un proceso guiado por el BM

Con la licitación prevista para el primer trimestre de 2026 y la intención oficial de “entregar la llave” de la empresa antes de abril, AySA se encamina a una de las transformaciones más profundas de su historia, en un contexto donde el debate sobre la sostenibilidad del servicio, el impacto tarifario y la capacidad inversora del sector privado vuelve a ocupar el centro de la escena pública.

El Gobierno nacional avanza con uno de los movimientos estructurales más ambiciosos de su programa económico: la privatización del 90% de AySA antes de abril de 2026.

Tras el respaldo político obtenido con la Ley Bases y la nueva arquitectura regulatoria aprobada por DNU, la administración de Javier Milei prevé lanzar la licitación en el primer trimestre del próximo año, con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial como asesora del proceso. El 10% restante del paquete accionario seguirá bajo control del sindicato SGBATOS, conducido históricamente por José Luis Lingieri.

La transformación de AySA comenzó hace 20 meses con la designación de Alejo Maxit, quien impulsó un severo ajuste interno para revertir los déficits crónicos que arrastraba la empresa desde su reestatización en 2006. El plan incluyó un aumento tarifario del 209%, la implementación de actualizaciones automáticas mensuales y un recorte de personal mediante retiros voluntarios que redujo la planta a 6200 trabajadores. Con estas medidas, la compañía logró su primer superávit operativo en casi dos décadas, un hito clave para abrir la puerta a la reprivatización.

El decreto 494/25 establece que al menos el 51% de las acciones deberá ser adjudicado a un Operador Estratégico con capacidad técnica y financiera para sostener y ampliar el servicio, mientras que el resto del paquete estatal será ofrecido en el mercado a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. En paralelo, el DNU 805/25 actualizó el marco regulatorio: fijó revisiones tarifarias quinquenales para asegurar ingresos “suficientes” frente a costos e inversiones, y habilitó el corte a usuarios con más de 60 días de atraso en el pago.

AySA se convierte así en la segunda concesión más importante de la región después de la de Sabesp, privatizada en Brasil en 2024 también con participación de la IFC. La expectativa oficial es que la magnitud del contrato atraiga grupos con respaldo financiero internacional, que podrían potenciar sus ofertas mediante créditos de organismos multilaterales o el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Hasta el momento, según trascendió, existen al menos cuatro interesados: dos consorcios brasileños, uno francés y el grupo argentino Roggio. La gran incógnita es cómo se configurará la competencia entre actores regionales y locales en un proceso que marca un punto de inflexión en el esquema de gestión del agua y el saneamiento en el país.