El cierre de Tía Maruca en Chascomús expone la fragilidad laboral en la industria alimenticia
Lo ocurrido en Chascomús, lejos de ser un hecho aislado, se perfila como parte de un patrón de cierres y ajustes que tensionan el entramado laboral argentino.
El repentino cierre de la planta de galletitas Tía Maruca en Chascomús, que dejó a 27 trabajadores cesanteados sin indemnización, refleja una dinámica preocupante en la industria alimenticia argentina: la combinación de crisis empresariales con decisiones empresariales abruptas que trasladan el costo del ajuste directamente a los empleados.
La compañía comunicó el jueves el cierre de la histórica fábrica ubicada en Washington y Remedios de Escalada, notificando al personal que quedaban “desafectados” y que solo recibirían una “compensación económica” en lugar de la indemnización legal. El procedimiento, realizado de manera intempestiva, incluyó el retiro inmediato de la materia prima e insumos mediante camiones, lo que generó mayor tensión entre los trabajadores, quienes denunciaron la falta de garantías para resguardar sus derechos.
El caso llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se abrió una instancia de negociación que inicialmente se había convocado por un atraso en el pago del medio aguinaldo, pero que ahora quedó subordinada al conflicto por el cierre definitivo.
El antecedente del cierre de otra planta en San Juan, en agosto, muestra que Tía Maruca atraviesa un proceso de reestructuración más amplio que impacta de lleno en los puestos de trabajo. En un contexto de recesión, inflación elevada y retracción del consumo, las empresas del sector alimenticio enfrentan costos crecientes y una caída de la demanda interna, lo que agudiza los conflictos laborales.
Más allá de la negociación en curso, la decisión de Tía Maruca abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar la aplicación de las indemnizaciones correspondientes y sobre el grado de vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores en sectores de producción con baja rentabilidad.
