El caso Espert-Machado: entre la ingenuidad confesada y las dudas que la política argentina nunca aclara
Lo cierto es que, a semanas de las elecciones, este escándalo no solo golpea a Espert y a su fuerza, sino que reabre un debate crucial: ¿puede un político que admite semejante “ingenuidad” frente a un empresario acusado de narcotráfico garantizar la transparencia y el control que la sociedad exige?
José Luis Espert confirmó lo que hasta hace pocos días intentaba evadir: recibió u$s200.000 del empresario Fred Machado, hoy acusado en Estados Unidos de narcotráfico y estafas internacionales. El diputado y candidato de La Libertad Avanza aseguró que no se trató de un aporte de campaña, sino de un contrato privado de consultoría económica.
Sin embargo, la explicación, lejos de disipar las sospechas, abre un abanico de interrogantes sobre los vínculos entre política, dinero y actividades de dudoso origen.
El propio Espert admitió que Machado había colaborado en su campaña de 2019 y que, una vez finalizada esa elección, aceptó trabajar para él en un proyecto minero. Su defensa se apoya en dos pilares: la legalidad del contrato y la transparencia de la cuenta bancaria declarada en Argentina. Pero, aunque en términos formales pueda ser cierto, lo que queda en tela de juicio es la responsabilidad política de haber aceptado un vínculo de tal magnitud con un empresario que ya despertaba sospechas en varios países.
El argumento de “pecar de ingenuo” resulta débil para quien aspira a representar a la ciudadanía. Un político que se presenta como garante de transparencia y moral pública no puede reducir un pago millonario a un error de cálculo personal. Más aún cuando se reveló que Espert realizó al menos 35 vuelos en aviones vinculados a las empresas de Machado durante la campaña de 2019, lo que expone un nivel de relación más estrecho de lo que intenta minimizar en su relato.
En su descargo, Espert acusó al kirchnerismo y en particular a Juan Grabois de montar una operación política en su contra. Esa estrategia discursiva —culpar al adversario de conspirar— es un recurso frecuente en la política argentina, pero no alcanza para explicar documentos oficiales publicados por periodistas de investigación ni para desmentir la transferencia registrada en el Bank of America.
El trasfondo es más profundo: el episodio refleja una constante en la dirigencia local, donde los límites entre financiamiento de campañas, asesorías privadas y relaciones empresariales opacas se diluyen hasta el punto de confundir lo legal con lo legítimo. En Argentina, la justificación siempre parece ser “no sabía”, “me sorprendió” o “fui ingenuo”, pero rara vez aparece la asunción de responsabilidad ética.
El caso Espert-Machado desnuda, una vez más, que la política argentina sigue atrapada en el mismo círculo vicioso: cuando surgen pruebas documentales, el relato se centra en la victimización, en lugar de brindar explicaciones claras y contundentes. La frase con la que Espert cerró su descargo —“pude haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”— sintetiza la defensa clásica de los dirigentes cuestionados: reconocen errores personales, pero rechazan toda consecuencia política.
