EE.UU. incauta segundo avión de Venezuela en menos de un año
La incautación del avión y las recientes declaraciones de las autoridades venezolanas se suman a un clima de creciente tensión y desconfianza entre ambos gobiernos, con ambos países manteniendo posturas opuestas sobre diversas cuestiones legales y políticas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, supervisó la incautación de un segundo avión perteneciente al gobierno de Venezuela que se encontraba retenido en República Dominicana.
Esta acción se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, retomando una postura más firme de Washington tras un período de acercamiento diplomático.
El avión incautado es un Dassault Falcon 200, de bandera venezolana, que estaba en la pista de aterrizaje militar de Santo Domingo. En presencia de Rubio, un fiscal dominicano y un representante de las fuerzas del orden de Estados Unidos colocaron un cartel de «incautado» en la aeronave. Rubio calificó la incautación como un «poderoso ejemplo» de la determinación de su país para responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por sus «acciones ilegales», en particular por el uso del avión para evadir las sanciones estadounidenses y el lavado de dinero.
El avión es el segundo incautado a Venezuela en menos de un año. En septiembre del año pasado, otro avión oficial de Venezuela, un Dassault Falcon 900EX, fue confiscado en República Dominicana y trasladado a Florida. Esta nueva incautación se produce bajo la administración de Donald Trump, quien previamente había implementado una batería de sanciones contra el gobierno de Maduro, incluida un embargo petrolero, como parte de los esfuerzos para derrocar al mandatario venezolano.
«Con la República Dominicana y nuestros socios regionales, continuaremos contrarrestando cualquier plan para evadir las sanciones de Estados Unidos», escribió Rubio en su cuenta de X (anteriormente Twitter), tras la incautación del avión.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reaccionó a esta acción de EE.UU. pidiendo «cooperación penal internacional» sobre casos que involucran a dirigentes opositores que se encuentran en el país norteamericano. Saab señaló que el Ministerio Público venezolano había iniciado investigaciones sobre el manejo ilegal de recursos en el extranjero, en particular fondos provenientes de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID).
En sus declaraciones, Saab también acusó a varias organizaciones no gubernamentales financiadas por USAID de «aprovecharse de temas como los derechos humanos y la ayuda humanitaria» para malversar millones de dólares. Asimismo, reiteró las órdenes de aprehensión contra líderes opositores como Juan Guaidó y Carlos Vecchio, a quienes acusa de enriquecimiento ilícito con estos fondos.
