Disturbios y represión en Perú: 44 heridos y múltiples agresiones durante la marcha de la Generación Z
Los ataques no solo afectaron a manifestantes, sino también a periodistas y ciudadanos ajenos a las protestas, evidenciando una fuerte represión policial que, para la organización, ya no se disimula.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que, entre el 20 y el 28 de septiembre, la marcha denominada “Generación Z” dejó al menos 44 personas heridas y más de 99 casos de agresiones.
En lugar de investigar los abusos durante la intervención, el Ministerio del Interior decidió emprender acciones legales contra 10 detenidos, y la Procuraduría ha solicitado prisión preventiva para todos ellos. El Poder Judicial dictó tres meses de prisión preventiva para Samuel Rodríguez Villa, alegando la necesidad de asegurar su presencia en el proceso.
Entre los hechos más graves figura un operativo policial en Cantagallo, comunidad shipibo-konibo cerca de Acho, donde la Policía Nacional ingresó al asentamiento, lanzó bombas lacrimógenas y disparó perdigones persiguiendo a manifestantes que se escondían. Allí había niños y familias que resultaron afectadas por el gas y los impactos dentro de sus viviendas, sin un diálogo previo que justifique la intervención, según la CNDDHH.
En el Cercado de Lima, un adulto mayor fue golpeado con una vara, causando la fractura de su nariz, durante las protestas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reportó al menos 18 agresiones contra periodistas, de las cuales 16 fueron atribuidas a agentes policiales. Uno de los afectados fue Diego Quispe, periodista de Ojo Público, alcanzado por perdigones y gas lacrimógeno mientras cubría la protesta.
La PNP justificó su actuación alegando que no pudieron leer los fotocheck de los periodistas durante la intervención, argumentando que “su misión es que no pase nadie”. La CNDDHH advierte un patrón de represión que se repite en cada jornada y denuncia también detenciones arbitrarias, especialmente de menores de edad, y el uso desproporcionado de la fuerza, con gases, golpes, y presencia de agentes encubiertos del Grupo Terna en marchas en las que, señalan, no habría motivos para tales despliegues. Además, se denuncian trabas a la libertad de prensa y ataques a equipos periodísticos, incluso cuando portan credenciales.
