Discapacidad: el Gobierno disuelve la ANDIS y concentra funciones en Salud en medio de cuestionamientos

El nuevo organismo funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud y absorberá las competencias que hasta ahora ejercía la agencia disuelta, en una reconfiguración que el Ejecutivo justifica en la necesidad de mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema.

El Gobierno nacional oficializó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una decisión formalizada a través del decreto 942/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La medida se apoya en los resultados de la intervención dispuesta por el Decreto 601/25, que tuvo como objetivo auditar el funcionamiento de la ANDIS y avanzar en una reorganización institucional.

Según el informe final elaborado por el Gobierno, el organismo presentaba serias deficiencias estructurales, entre ellas un entramado tecnológico fragmentado, con sistemas que no se comunicaban entre sí y carecían de estándares comunes.

Esta situación, sostienen desde el Ejecutivo, impactaba directamente en la gestión de políticas clave como el Certificado Único de Discapacidad, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y el programa Incluir Salud.

El diagnóstico oficial también señala la existencia de irregularidades consideradas graves en materia de contrataciones y administración de recursos, particularmente en áreas vinculadas a insumos médicos y equipamiento de alta complejidad. Estos hallazgos fueron utilizados como argumento central para justificar la eliminación de la ANDIS como organismo descentralizado y la concentración de sus funciones en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud.

Sin embargo, la decisión abre un debate más amplio sobre el rumbo de las políticas públicas en discapacidad. Si bien la centralización puede apuntar a ordenar procesos y reducir superposiciones administrativas, también genera interrogantes sobre la pérdida de autonomía específica que tenía el área y sobre la capacidad del Ministerio de Salud para absorber sin sobresaltos un conjunto de funciones sensibles que requieren abordajes integrales y especializados.

En el mismo decreto, el Gobierno prorrogó además la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026. La explicación oficial advierte que levantarla sin mecanismos de transición adecuados podría poner en riesgo la continuidad de los servicios de salud y el acceso de la población a la atención médica. Esta prórroga refuerza la idea de un sistema aún en tensión, donde las reformas estructurales conviven con un contexto de fragilidad operativa.

En este escenario, la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad aparece como una apuesta a la racionalización del Estado, pero también como un movimiento que deberá ser evaluado en términos de resultados concretos. El desafío no será solo corregir las fallas detectadas, sino garantizar que la reorganización no derive en demoras, recortes encubiertos o retrocesos en los derechos y la atención de las personas con discapacidad.