31 de octubre de 2025

Denuncian irregularidades en la venta del edificio del INTA en el barrio porteño de Palermo

El gremio, liderado por Mario Romero, sostiene que las acciones administrativas vinculadas a esta operación podrían acarrear consecuencias patrimoniales tanto para el Estado nacional como para los funcionarios implicados.

La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) emitió un comunicado en el que expone graves irregularidades en el proceso de venta del edificio situado en la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo.

En un giro inesperado, APINTA convocó al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, quien ha declarado que la desafectación del inmueble fue iniciada por un organismo incompetente. Además, Rodríguez subrayó la falta de informes que respalden la supuesta innecesariedad del inmueble, una afirmación que ha sido repetida en numerosas ocasiones sin el sustento adecuado.

El fiscal también destacó que el único informe que justifica la desocupación del edificio fue presentado en dos ocasiones por el mismo funcionario, quien llegó a conclusiones contradictorias utilizando los mismos elementos. “En ambos expedientes se advierte llamativa premura de parte de la administración en concretar la subasta de la propiedad”, indicó Rodríguez.

APINTA ha criticado de manera contundente el proceder administrativo, señalando que se han vulnerado principios y pautas que rigen la actividad estatal. Esta situación ha generado un fuerte repudio hacia las autoridades del INTA, encabezadas por el presidente Nicolás Bronzovich, la vicepresidenta Beatriz Giraudo y el directivo Carlos Alberto Antonio Vera, a quienes se les atribuyen vicios en el proceso.

La denuncia de APINTA pone de relieve una situación que no solo afecta al personal del INTA, sino que también plantea serias interrogantes sobre la transparencia en la gestión de bienes del Estado. El gremio se mantiene firme en su postura de defender los intereses de sus afiliados y del patrimonio estatal, exigiendo una investigación exhaustiva que aclare las irregularidades denunciadas.

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