Dalbón denunció a Milei por abuso de autoridad y reavivó el debate sobre el lawfare y la independencia judicial

Lo cierto es que la frase de Milei, convertida en prueba en una denuncia formal, tensiona aún más la relación entre poderes y refleja la dificultad del gobierno para sostener un discurso de respeto institucional mientras intenta consolidar poder político. En ese cruce, el lawfare deja de ser solo una consigna partidaria para transformarse en un problema central de legitimidad democrática.

La declaración pública de Javier Milei, en la que aseguró haber sido “el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”, derivó en una denuncia penal presentada por el abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, quien acusó al jefe de Estado de abuso de autoridad y de violar la división de poderes.

Dalbón sostuvo que las palabras de Milei constituyen una confesión de un acto contrario a la Constitución Nacional, al atribuirse la facultad de encarcelar a una dirigente opositora.

Para el letrado, esa admisión encuadra en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que dictan resoluciones contrarias a las leyes, y compromete directamente la independencia del Poder Judicial.

“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala”, señaló Dalbón. En su planteo, la frase presidencial no es una opinión política sino la prueba de una injerencia indebida en procesos judiciales, lo que, según él, debería habilitar un juicio político contra el mandatario.

El trasfondo del caso va más allá de la denuncia concreta. El señalamiento reabre la discusión sobre la relación entre justicia y política en la Argentina, un terreno atravesado por acusaciones cruzadas desde hace años. Mientras Milei se presenta como un líder que busca “pulverizar la casta” y avanzar en reformas profundas, sus propias palabras exponen la fragilidad institucional de un país donde la independencia judicial aparece cada vez más cuestionada.

El episodio, además, vuelve a colocar en el centro de la escena a Cristina Kirchner y al debate sobre el lawfare, un concepto que divide aguas en la política local. Para sus defensores, las causas judiciales contra la ex presidenta fueron el resultado de una persecución articulada entre jueces, fiscales, medios y sectores políticos; para sus detractores, se trata de una estrategia discursiva para eludir responsabilidades penales.