CTERA convoca a un paro docente nacional en rechazo al ajuste educativo
La medida, que se perfila para el martes 14, busca visibilizar lo que el gremio califica como un “brutal ajuste” del Gobierno de Javier Milei sobre el sistema educativo.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó que llevará adelante un paro nacional docente a mediados de octubre, en el marco de un plan de lucha que incluirá marchas, conferencias de prensa y acciones en todo el país.
Los reclamos se centran en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria urgente a la paritaria nacional, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la mejora de los salarios y la defensa de los derechos jubilatorios.
Sonia Alesso y Roberto Baradel, principales referentes del sindicato, advierten que la falta de recursos afecta desde los comedores escolares hasta las becas estudiantiles y el acceso a material didáctico, configurando lo que describen como un desmantelamiento progresivo de la educación pública.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, sostuvo que los salarios docentes “han tenido una recuperación” desde diciembre de 2023 y se ubican “casi cerca de la inflación”. Sin embargo, la afirmación contrasta con la percepción de la docencia, que denuncia que los aumentos nominales están lejos de recomponer el poder adquisitivo perdido frente al encarecimiento del costo de vida y la reducción de fondos nacionales.
La confrontación va más allá de un debate técnico sobre salarios: expone dos visiones opuestas sobre el rol del Estado en la educación. Para CTERA, el ajuste presupuestario erosiona las bases mismas de la escuela pública y amenaza derechos conquistados durante décadas. Para el Gobierno, en cambio, el problema se limita a una discusión contable donde los números muestran supuesta estabilidad relativa.
El paro anunciado se convierte, así, en un punto de inflexión. No solo busca presionar por mejoras salariales y recursos, sino también instalar en la agenda pública la pregunta de fondo: ¿puede sostenerse un sistema educativo de calidad en un esquema de ajuste estructural? La respuesta marcará, en buena medida, la capacidad del oficialismo para conciliar su programa económico con el derecho social a la educación.
