Cristina Kirchner preserva la prisión domiciliaria: la fiscalía retira el pedido de traslado a cárcel común
Este lunes, el máximo tribunal penal del país —integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— revisa cuestiones de forma y fondo que no son menores: la validez del uso de la tobillera electrónica, el régimen de visitas y la pertinencia del domicilio elegido por la exmandataria en el barrio porteño de Constitución.
En una audiencia cargada de tensión política y judicial, la Cámara Federal de Casación Penal dejó encaminada la confirmación de la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al conocerse que la fiscalía finalmente desistió de reclamar su traslado a un penal del Servicio Penitenciario Federal.
La audiencia no es un mero trámite, sino un capítulo central en el cumplimiento de la condena que pesa sobre la dos veces presidenta. Hasta hace pocos días, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistían en que la gravedad de la sentencia ameritaba la prisión efectiva en un establecimiento carcelario, argumentando que “las penas por corrupción deben cumplirse como corresponde”. Incluso llegaron a cuestionar la seguridad del departamento donde Kirchner cumple la domiciliaria, pese a que un informe técnico lo declaró “apto al cien por ciento”.
Sin embargo, en un giro de última hora, la fiscalía decidió retirar el pedido de prisión efectiva, allanando el camino para que la Casación solo analice aspectos puntuales de la detención domiciliaria. El retiro de este planteo implica que, salvo sorpresa, Cristina Kirchner seguirá cumpliendo la condena en su vivienda, custodiada por la Policía Federal.
La defensa de la exmandataria, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, planteará además que la colocación de una tobillera electrónica es innecesaria y estigmatizante, recordando que Cristina cuenta con vigilancia presencial las 24 horas y que no existe riesgo de fuga. También fundamentan la domiciliaria como una protección elemental tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022.
“Es un disparate imponerle tobillera cuando tiene vigilancia personal permanente. No hay peligro procesal alguno”, sostuvieron sus abogados en uno de los escritos presentados ante Casación.
El caso concentra todas las miradas, no solo por la figura de la exmandataria sino porque reaviva un debate sobre el alcance de los beneficios de la prisión domiciliaria en causas de corrupción, especialmente cuando se trata de altos funcionarios. Para la oposición y sectores de la opinión pública, la decisión alimenta la idea de una justicia indulgente con el poder; para el kirchnerismo, en cambio, se trata de una protección legítima frente a amenazas reales.
En cualquier escenario, la definición de la Cámara de Casación marcará un precedente jurídico y político con fuerte impacto en la etapa electoral que se avecina, cuando Cristina Kirchner, aún sin cargo formal, sigue siendo un actor gravitante del tablero político argentino.
