Crisis laboral sin freno: 40% de informalidad y trabajadores pobres
Un informe demoledor del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires volvió a encender las alarmas sobre el deterioro estructural del mercado laboral argentino.
Según los datos relevados, cuatro de cada diez trabajadores —el 40%— se encuentran en la informalidad, sin aportes, cobertura médica ni derechos básicos. Este nivel no solo creció 1,2 puntos respecto al año anterior, sino que retrotrae el escenario a momentos críticos como la crisis financiera de 2008.
El dato no se limita a la falta de registración: detrás de la informalidad se esconde un drama social más profundo. El informe detalla que el 45% de los empleados informales vive en hogares bajo la línea de pobreza, lo que confirma que, en la Argentina actual, tener un empleo ya no garantiza salir de la indigencia. De hecho, un trabajador informal percibe, en promedio, un 41% menos de salario que su par formal en la misma tarea, lo que amplía la brecha de desigualdad y refuerza el círculo vicioso de la pobreza laboral.
El retrato es aún más grave en las pequeñas empresas, donde el 66% de los empleados no está registrado, frente a apenas el 11% en firmas de más de 40 trabajadores. Y el fenómeno no perdona a los cuentapropistas: el 61,3% de ellos también opera en la absoluta informalidad. Es un golpe directo a las posibilidades de acceso a la jubilación, la salud, las licencias y la estabilidad laboral.
Lejos de encontrar un freno, la precarización se profundiza en un contexto donde la inflación, el estancamiento productivo y la pérdida de puestos registrados actúan como un cóctel explosivo. La CGT no tardó en reaccionar y denunció un “fuerte deterioro” de las condiciones laborales, con un desempleo que escaló al 7,9%, el peor registro de los últimos cuatro años. La central sindical también reveló la desaparición de 210.971 empleos formales y el cierre de casi 14.000 empresas desde el inicio del nuevo gobierno, cuestionando que el trabajo informal no alcanza para suplir la caída de empleo genuino y de calidad.
La crisis parece así doblemente cruel: no solo faltan empleos registrados, sino que los que se sostienen están cada vez peor remunerados. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la mitad de la población admite no poder cubrir sus necesidades básicas con los ingresos actuales, un número estremecedor que desnuda la pérdida de poder adquisitivo y la vulnerabilidad de amplias franjas sociales.
El debate de fondo, inevitable, gira en torno a la política pública para revertir esta tendencia. La informalidad no es solo un dato estadístico: implica la condena de millones de personas a la pobreza, sin red de protección, sin derechos y sin futuro previsible. Mientras tanto, la CGT advierte que los trabajadores no pueden ser “la variable de ajuste”, en un modelo económico que parece cebarse en la mano de obra barata y flexible como único recurso para sobrellevar la crisis.
En un país que históricamente se enorgulleció de su movilidad social ascendente, la foto actual golpea con dureza: el trabajo, motor tradicional de progreso, ya no alcanza para escapar de la pobreza. Y la informalidad, lejos de ser marginal, se consolida como regla para un número cada vez mayor de argentinos.
