Conflicto judicial y gremial por la desregulación de controles técnicos en el INTI
La Asociación Trabajadores del Estado inició una ofensiva legal contra el Gobierno tras la publicación de la Resolución 213/25, la cual despoja al organismo de sus facultades de fiscalización en el ámbito de la Metrología Legal.
Esta normativa implica el cese de las funciones estatales en la validación y certificación de instrumentos de medición críticos, una tarea que hasta ahora garantizaba la exactitud en transacciones comerciales y procesos de salud. El sindicato interpreta este movimiento como un proceso de privatización encubierta que debilita la capacidad de auditoría pública sobre el sector privado.
El eje de la controversia radica en la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del mercado interno. Al retirarse el Estado de la supervisión de balanzas, surtidores de nafta, alcoholímetros y equipamiento médico, se genera una incertidumbre sobre la fidelidad de las mediciones cotidianas.
Rodolfo Aguiar, referente de la organización, advirtió que la medida no solo compromete la estabilidad laboral de 147 técnicos especializados distribuidos en todo el territorio nacional, sino que también deja desprotegido al consumidor frente a posibles irregularidades en la comercialización de bienes básicos.
La desarticulación de estas áreas técnicas sugiere un cambio de paradigma en la gestión de la calidad y la trazabilidad nacional. Al delegar o eliminar la aprobación de modelos y la calibración oficial, se abre un interrogante sobre qué entidades asumirán estos roles y bajo qué estándares de rigor científico.
Ante este escenario de desmantelamiento operativo, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización, anticipando medidas de fuerza directas mientras aguarda una resolución en los tribunales que frene la aplicación del nuevo marco normativo.
