Condenan a 28 años de prisión a José Miguel Narváez por secuestro de Piedad Córdoba
La decisión, tomada por la jueza Claudia Castro de la tercera penal del circuito especializado de Medellín, también lo inhabilita por 20 años y ordena una indemnización de 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Natalia María Córdoba, hija de la exsenadora.
Un juzgado penal de Medellín dictó este lunes una sentencia de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta participación en el secuestro de la exsenadora Piedad Esneda Córdoba en mayo de 1999.
La exsenadora Córdoba, fallecida el 20 de enero de 2024, fue secuestrada el 21 de mayo de 1999 cuando acudía a una cita médica en Medellín. Según la resolución, hombres vestindo uniformes del CTI de la Fiscalía la abordaron y la trasladaron a un campamento del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las montañas de Córdoba. Posteriormente, se supo que la banda criminal La Terraza llevó a Córdoba a ese campamento, motivando el plagio por supuestos señalamientos de la presunta “tesorera internacional del ELN”.
La jueza sustenta que Narváez, cercano a Carlos Castaño y descrito como “asesor ideológico de las AUC”, suministró información y participó en las gestiones que condujeron al secuestro extorsivo de Córdoba. En los fundamentos del fallo se señala que Narváez impartió conferencias en campamentos sobre “guerra política, anti subversión y eliminación de opositores”, y que aportó interceptaciones telefónicas de Córdoba dialogando con líderes de la guerrilla, en las que estos se referían de forma despectiva a Castaño.
La resolución indica que la condena se sostiene en la inducción, promoción y determinación del secuestro, llevado a cabo por la AUC bajo la dirección de Castaño Gil, con vínculos ideológicos y operativos entre Narváez y los responsables del plagio. Además, la jueza subraya que el acoso político y la estigmatización contra Córdoba —considerada simpatizante del ELN— generaron un deterioro en su vida y en la de su familia, con efectos que trascienden a su núcleo cercano.
Durante los alegatos de conclusión, Narváez habría argumentado que no existen testigos directos y que todas las referencias son por indicios. En su momento, la Procuraduría General de la Nación se pronunció a favor de Narváez, pidiendo la prescripción del caso. La defensa de Córdoba, sin embargo, destacó la gravedad de los hechos y la repercusión del secuestro en la vida de la líder política y su familia.
