Coimas en Discapacidad: el juez rechazó detener a Spagnuolo
Pese a que el fiscal Franco Picardi había solicitado su arresto, el magistrado consideró que el ex funcionario se encuentra a derecho y dispuso citarlo a indagatoria para el 19 de noviembre, en el marco de una causa que involucra a 15 imputados y expone un presunto esquema delictivo que operó sobre uno de los sectores más vulnerables del sistema de salud.
La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo capítulo tras la decisión del juez Sebastián Casanello de rechazar el pedido de detención del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, según consignó la periodsta Vanesa Petrillo.
El caso se originó a partir de audios en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo conversar sobre coimas y retornos vinculados a contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo.
Con el avance de la pesquisa, el fiscal reunió pruebas que, según su evaluación, permiten delinear la existencia de una organización dedicada al direccionamiento de compras, la manipulación de precios y el pago de sobornos, en perjuicio del Estado y de los beneficiarios del Programa Incluir Salud. Este programa atiende a personas con pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura médica, un universo que incluye a adultos mayores en situación de pobreza y madres de familia numerosa.
La investigación describe un mecanismo en tres etapas. La primera consistió en la alteración de las compulsas de precios: se redujo la competencia mediante la selección de un grupo constante de droguerías —Profarma, Génesis, New Farma y Floresta— que, según la fiscalía, mantenían vínculos directos o indirectos con operadores del organismo. La invitación restringida y la reiteración de adjudicaciones consolidaron un escenario en el que los oferentes reales se limitaban sistemáticamente a un pequeño grupo previamente definido.
Con ese terreno preparado, se habría desplegado la segunda fase: incrementos sostenidos de precios en medicamentos adjudicados. El análisis de casos puntuales reveló, de acuerdo con la resolución judicial, un patrón de compras fraccionadas, invitaciones selectivas y aumentos injustificados, que beneficiaban alternativamente a las mismas empresas. La tercera etapa se proyecta como la articulación general del esquema: un entramado en el cual las droguerías alternaban roles —ya sea en medicamentos o implantes auditivos— para simular competencia y distribuir ganancias de manera previamente acordada.
Para los investigadores, estas maniobras configuraron una defraudación al Estado que no puede interpretarse como simples irregularidades administrativas, sino como un acuerdo de voluntades orientado a manipular el sistema de contrataciones. El perjuicio se torna especialmente sensible dado que los insumos cuestionados estaban destinados a personas con discapacidad que dependen exclusivamente de los servicios del Estado.
La ronda de declaraciones comenzará el 18 de noviembre con Miguel Ángel Calvete, continuará el 19 con Spagnuolo y seguirá el 20 con Daniel Garbellini, ex segundo de la Agencia Nacional de Discapacidad. El desarrollo de estas indagatorias marcará un tramo decisivo para determinar responsabilidades y establecer el alcance real del presunto circuito de corrupción.
