«Ciber-escudo» para Karina Milei: el Gobierno crearía una brigada para censurar audios en redes sociales

Esta decisión, que se presentaría como una respuesta al fallo judicial que prohíbe la difusión de dicho material, ha generado un intenso debate sobre los límites de la intervención estatal en la esfera digital y el derecho a la información.

En una medida que ha encendido la polémica, el gobierno de Javier Milei ha ordenado la creación de una brigada cibernética con el objetivo específico de rastrear y eliminar en redes sociales los audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según consignó Crónica Política, la nueva unidad, la integrarían especialistas en ciberdelincuencia y análisis de redes, tiene la tarea de realizar una búsqueda implacable en plataformas como X, Facebook, Instagram y Telegram.

Su misión es clara: detectar cualquier rastro de los audios y, una vez hallados, solicitar de inmediato a las plataformas su eliminación. Adicionalmente, se advierte que se iniciarán acciones legales por desacato contra quienes insistan en su difusión.

Mientras desde el oficialismo se defiende la medida como un simple acatamiento a una orden judicial, la oposición ha levantado la voz, alertando sobre el precedente peligroso que se estaría sentando. Críticos de esta medida sostienen que el Estado no debería inmiscuirse de esta manera en el flujo de información en la web, especialmente cuando se trata de contenidos que, según argumentan, podrían ser de interés público.

La preocupación radica en la posibilidad de que esta brigada se convierta en una herramienta de censura, limitando la libre circulación de información y la libertad de expresión en el entorno digital.

La creación de este «ciber-escudo» para una figura gubernamental plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Es la brigada un instrumento para proteger la privacidad o un mecanismo para controlar el discurso público? La controversia pone de manifiesto la delgada línea entre la protección legal y la posible censura, dejando en el aire la pregunta de si en la «era digital», la justicia se está convirtiendo en un pretexto para silenciar voces críticas y proteger la imagen de los funcionarios.