Chubut: Bullrich vinculó a los incendios con los mapuches y fue desmentida por la Justicia

Mientras la investigación continúa, el contraste entre el discurso político y la información judicial plantea un interrogante de fondo sobre el rol de los funcionarios públicos: ¿se trata de combatir delitos ambientales con pruebas y políticas efectivas, o de capitalizar el conflicto para sostener una narrativa que simplifica la complejidad social y territorial de la Patagonia?

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut, y que ya fueron confirmados como intencionales, no solo provocaron daños ambientales y sociales, sino que también reavivaron un debate político cargado de estigmatización.

En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich responsabilizó públicamente a comunidades mapuches por el siniestro, una acusación que fue rápidamente desmentida por la Justicia y por las propias autoridades provinciales.

Bullrich utilizó un mensaje difundido desde el Ministerio de Seguridad —cartera que condujo en el pasado— para asociar el incendio con supuestos “grupos mapuches” y con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la que calificó como organización terrorista. Sus declaraciones no solo anticiparon conclusiones sin respaldo judicial, sino que reinstalaron una narrativa que vincula de manera automática los conflictos territoriales con el terrorismo, sin atender a las pruebas concretas del caso.

Sin embargo, el avance de la investigación judicial desarmó ese planteo. El fiscal Carlos Díaz Mayer explicó que la principal hipótesis apunta a un conflicto interno de carácter familiar dentro de una comunidad cercana a Puerto Patriada, y no a una acción organizada de grupos mapuches. Según detalló, distintas declaraciones y elementos recolectados indican que una persona que había sido excluida de la comunidad podría estar vinculada al origen del fuego, en el marco de una disputa personal.

Díaz Mayer fue categórico al descartar cualquier relación con organizaciones mapuches: aseguró que esa línea investigativa está “totalmente descartada” y recordó que el propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, también negó esa versión. De este modo, la Justicia desmintió de manera explícita las afirmaciones que circularon desde sectores políticos y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El episodio deja al descubierto una práctica recurrente: la utilización de hechos graves y sensibles para reforzar discursos de mano dura y construir enemigos internos, aun cuando la evidencia judicial no los respalda. En lugar de contribuir a esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos incendios, este tipo de declaraciones tienden a profundizar la estigmatización de comunidades originarias y a desviar la atención de las responsabilidades reales.