Cepo a la libertad de expresión: denuncian a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

La acusación se origina tras la presentación que la funcionaria realizó en nombre del Ejecutivo por un supuesto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quedó en el centro de una denuncia penal por abuso de autoridad presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en un nuevo capítulo de la confrontación entre el Gobierno y sectores del periodismo.

Dalbón, incluido en la denuncia de Bullrich junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, sostuvo que el Gobierno busca “amedrentar” a la prensa y señaló como pieza clave de la maniobra a Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad.

“Que me denuncie Bullrich a través de este abogado lo único que hace es confirmar la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país”, sostuvo el letrado, al tiempo que pidió que Soto sea citado a declarar.

El trasfondo del caso expone un escenario político cada vez más enrarecido: mientras la oposición acusa al oficialismo de encubrir posibles hechos de corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno contraataca judicializando a periodistas y abogados críticos.

Para Dalbón, esto no es más que una estrategia desesperada: “La democracia no puede contar con un Gobierno que, ante un acto de corrupción, denuncie a periodistas. Es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia”.

La figura de Bullrich aparece nuevamente asociada a prácticas que, según sus detractores, combinan represión, intimidación y manipulación del discurso público. El abogado recordó episodios pasados en los que la ministra fue acusada de encubrir o distorsionar la verdad, como en los casos de Santiago Maldonado y Facundo Molares. “Siempre miente. Lo único que sabe hacer es amenazar y reprimir”, remarcó.

La denuncia plantea un dilema de fondo: el límite entre la defensa institucional del Gobierno y el uso del aparato estatal para silenciar voces disidentes. El hecho de que un funcionario de Seguridad que en su momento defendió a los policías acusados por el asesinato de Lucas González esté hoy al frente de la denuncia contra periodistas alimenta las sospechas sobre la intencionalidad política de la movida.

El episodio no solo reaviva la discusión sobre la libertad de expresión en Argentina, sino que también deja en evidencia la fragilidad de un oficialismo que, acorralado por las acusaciones de corrupción y con un creciente desgaste social, recurre a la vía judicial para controlar la narrativa pública.

Lejos de ser un trámite judicial más, la denuncia de Bullrich se convierte en un termómetro del estado de la democracia argentina y del deterioro en la relación entre el poder político y el periodismo.