Censura previa y blindaje político: repudio del arco político y periodístico contra el Gobierno
El blindaje a Karina Milei, lejos de acallar las críticas, terminó por abrir una grieta más profunda: la que separa la retórica de la “libertad” del ejercicio real del poder.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de recurrir a la Justicia para impedir la difusión de audios atribuidos a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desató un rechazo transversal de la dirigencia política y del periodismo.
La medida, calificada como un caso inédito de censura previa, volvió a instalar con crudeza la tensión entre la libertad de prensa y el blindaje oficial frente a denuncias de corrupción.
Las críticas se acumularon desde distintos sectores ideológicos. Senadores como Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) y Martín Lousteau (UCR) coincidieron en señalar el carácter autoritario de la medida y su incompatibilidad con el secreto de las fuentes, protegido por la Constitución.
La senadora oficialista disidente Marcela Pagano recordó que, en situaciones similares con Cristina Kirchner, no hubo censura judicial, mientras que la izquierda, representada por Miryam Bregman, denunció un intento de amedrentamiento a periodistas que evoca los peores antecedentes históricos.
El repudio también incluyó a periodistas tradicionalmente críticos del kirchnerismo, como Eduardo Feinmann y Luis Novaresio, quienes consideraron que la resolución del juez Alejandro Maraniello —señalado por múltiples denuncias de acoso y abuso de poder— constituye un grave retroceso democrático.
Incluso constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez remarcaron que la interdicción de la censura previa es un pilar esencial de la libertad de expresión y, por lo tanto, no admite excepciones, menos aún cuando se trata de información vinculada a funcionarios públicos.
Más allá de la condena generalizada, lo que está en juego es mayor que un episodio judicial: se trata de la legitimidad de un gobierno que, mientras se presenta como adalid de la libertad frente al “Estado opresor”, promueve acciones judiciales para silenciar voces críticas y restringir el derecho ciudadano a estar informado.
El contraste entre el discurso libertario y la práctica autoritaria resulta evidente, y expone un doble estándar en el manejo del poder.
El intento de censura, además, podría tener un efecto contraproducente. En un ecosistema mediático atravesado por redes sociales, la prohibición judicial solo aumenta el interés por los audios y alimenta sospechas sobre su contenido.
El propio desconcierto oficial quedó en evidencia en la estrategia contradictoria: por un lado, no reconocer la veracidad de las grabaciones; por otro, denunciarlas como obtenidas ilegalmente en la Casa Rosada.
El caso deja planteado un interrogante de fondo: ¿puede un gobierno que se autoproclama defensor de la libertad económica y política avanzar sobre la libertad de prensa sin socavar sus propios cimientos? La respuesta de la oposición política, del periodismo y de referentes jurídicos fue categórica: la censura previa es incompatible con la democracia.
El problema para Milei es que esta vez el cuestionamiento no proviene solo de sus adversarios habituales, sino de un arco que va desde la izquierda hasta el periodismo más crítico del kirchnerismo.
